La dirigente socialista, que aspira a gobernar Granada en 2027, participa en tres comunidades de bienes dedicadas al alquiler y defiende que su patrimonio procede de una herencia familiar
El discurso del PSOE contra la especulación inmobiliaria ha encontrado un inesperado foco de controversia dentro de sus propias filas. Raquel Ruz, portavoz socialista y candidata a la Alcaldía de Granada, figura en una declaración patrimonial que recoge una vivienda en propiedad y participaciones en otros 18 inmuebles. Además, participa en tres comunidades de bienes vinculadas al arrendamiento.
Además, esta información llega justo cuando se conoce que la pareja de Montse Mínguezdirige un negocio de 30 viviendas en alquiler.
La polémica llega después de que la dirigente socialista defendiera las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez sobre vivienda y denunciara la situación de numerosos inquilinos granadinos.
Ruz llegó a asegurar que en Granada existían "muchas Maricármenes", en referencia a los afectados por los conflictos relacionados con el alquiler.
Tres entidades inmobiliarias y un patrimonio millonario
Según la información publicada por EL ESPAÑOL, su declaración patrimonial de 2023 recoge una vivienda habitual en Padul, valorada catastralmente en 143.125 euros, y participaciones minoritarias en otros 18 inmuebles.
La socialista también participa en Boteros C.B., C.A. Prayca y C.A. Carpe, tres comunidades de bienes relacionadas con la gestión inmobiliaria.
Raquel Ruz, la candidata del PSOE a la Alcaldía de Granada con 19 inmuebles y 3 sociedades de alquiler
El valor catastral conjunto del patrimonio familiar declarado supera el millón de euros, aunque esa cantidad no corresponde exclusivamente a Ruz.
La diputada popular Lourdes Ramírez ha denunciado lo que considera una "profunda hipocresía y doble moral" por parte de la candidata socialista.
"No soy una rica heredera, soy clase media"
Ante las críticas, Ruz ha defendido públicamente su situación patrimonial: "No soy una rica heredera, soy clase media".
La candidata sostiene que sus participaciones son mayoritariamente minoritarias, proceden de su familia y que los inmuebles se destinan al alquiler residencial y al comercio tradicional, no a apartamentos turísticos.
