Vox pretende que las diligencias judiciales permitan determinar quiénes participaron en los hechos
Las agresiones denunciadas por periodistas durante las protestas de la Puerta del Sol han llegado a los tribunales. Vox quiere que la Justicia identifique a los responsables de estos episodios y examine la actuación de Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ante la acampada que comenzó el pasado 26 de septiembre.
Según publica THE OBJECTIVE, la formación ha presentado una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. En ella cuestiona que las autoridades hayan permitido la continuidad del campamento, que considera carente de autorización, y solicita investigar tanto a responsables de su organización como al representante del Ejecutivo central.
Uno de los sucesos que recoge el escrito afecta a un trabajador del programa Código 10, de Cuatro. El 28 de septiembre, mientras grababa lo que sucedía en la zona, el operador de cámara sufrió una agresión en la que varias personas habrían intervenido de distintas maneras.
Según la denuncia, uno de los implicados le propinó un golpe, lo empujó y le dio una patada en la rodilla. Otro individuo habría arremetido contra el equipo de grabación, golpeándolo contra el suelo y una pared. Una tercera persona se habría llevado parte del material utilizado por los profesionales.
El incidente fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional. Ahora, Vox pretende que las diligencias judiciales permitan determinar quiénes participaron en los hechos.
La formación insiste en que su iniciativa no busca responsabilizar a todos los participantes de la protesta, sino esclarecer las conductas concretas que pudieran constituir delitos.
Francisco Martín y los organizadores, señalados en la querella
La actuación de la Delegación del Gobierno constituye otro de los ejes de la denuncia. Vox sostiene que Francisco Martín habría incumplido sus obligaciones al no actuar contra la permanencia de los manifestantes en la plaza.
Por ello, solicita investigar al delegado por presuntos delitos de prevaricación administrativa por omisión y omisión del deber de perseguir delitos.
La acción judicial se extiende a representantes de dos colectivos relacionados con la movilización: el Sindicato de Inquilinas y la Coordinadora Juvenil Socialista.
En el primer caso, el escrito identifica a Valeria Racu, Alicia del Río, Carolina Vilariño y Fernando de los Santos. En el segundo, señala a Carlota F. y Marta Hernández. También incluye a Quico C., relacionado con la Comisión de Urbanismo del campamento.
Vox atribuye a los promotores un presunto delito de reunión ilícita y plantea que se investigue si otras personas desempeñaron funciones de dirección en la acampada.
Además, el partido solicita conocer los datos completos de los denunciados cuya identidad todavía no figura íntegramente en el escrito.
Las cámaras de Sol podrían resultar fundamentales
La investigación solicitada por Vox no se limita a los enfrentamientos con periodistas. También aborda los posibles daños materiales y la presencia de objetos peligrosos durante las jornadas de protesta.
La formación quiere que se recuperen y conserven las imágenes de videovigilancia correspondientes al periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 8 de octubre.
Estas grabaciones podrían contribuir a reconstruir determinados incidentes y facilitar la identificación de sus presuntos responsables.
Por otra parte, Vox pide calcular los daños que pudieron sufrir la Real Casa de Correos y el monumento del Oso y el Madroño, dos de los elementos más reconocibles de la plaza madrileña.
Para conocer el alcance económico de esos posibles desperfectos, solicita informes de las administraciones competentes y una valoración técnica de las reparaciones.
La querella también reclama documentación policial sobre las intervenciones realizadas durante la acampada, incluidas las denuncias de profesionales de la información y las posibles incautaciones de piedras o armas blancas.
Asimismo, busca esclarecer qué respuesta ofreció la Delegación del Gobierno a las comunicaciones remitidas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
