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Mujer de cabello oscuro hablando en un podio durante un evento de la UGT con temática LGTB, con fondo colorido y letras grandes en pantalla.
POLÍTICA

La calle estalla ante las pulseras antimaltrato de Igualdad

Un sondeo realizado por EDATV en la calle recogió testimonios de descontento

En España funcionan actualmente más de 4.000 dispositivos de control telemático destinados a proteger a mujeres víctimas de violencia de género. Su fiabilidad es crucial, ya que cualquier error puede convertirse en un riesgo real. Sin embargo, las pulseras vuelven a estar bajo sospecha por los problemas surgidos en los últimos meses.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ya había lanzado una alerta en enero de 2024 sobre posibles deficiencias. Según su expresidenta, María Ángeles Carmona, el aviso llegó directamente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo: “Se lo advertimos. Dijimos que este servicio no ofrecía garantías”, declaró en una entrevista con El Confidencial.

El origen de la polémica se encuentra en el relevo de proveedor. Hasta finales de 2023, la gestión estaba en manos de Telefónica, pero tras la adjudicación a Vodafone —una compañía sin experiencia en este tipo de sistemas, según Carmona— comenzaron los problemas. Con el nuevo contrato se introdujeron modelos distintos de pulseras, lo que encendió las críticas.

Mujer con gafas de sol y pendientes de plumas rodeada de policías uniformados

Carmona llegó a denunciar que estos dispositivos se habían adquirido a través de AliExpress: “Lo comprobé personalmente”. La acusación, ampliamente difundida, alimentó la desconfianza tanto en instituciones como en la opinión pública.

El malestar ciudadano no tardó en hacerse notar. Un sondeo realizado por EDATV en la calle recogió testimonios de descontento. Uno de los entrevistados incluso reclamó la dimisión de la ministra de Igualdad.

A la controversia sobre la procedencia de los dispositivos se suman otros problemas técnicos: fallos en el sistema de alertas y errores en el volcado de datos. Este último aspecto resulta especialmente delicado, ya que podría afectar a decenas de procesos judiciales e, incluso, provocar la absolución de agresores debido a defectos de funcionamiento.

En definitiva, lo que debía ser un instrumento de protección se ha convertido en un motivo de preocupación. La credibilidad del sistema está en entredicho y la polémica continúa abierta.

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