El Ayuntamiento de Alcorcón asfixia al festival solidario con trabas y tasas abusivas

A menos de dos meses de su celebración, el festival solidario PLAY4LIFE Fest  enfrenta una situación crítica debido a los numerosos obstáculos administrativos impuestos por el Ayuntamiento de Alcorcón. Este evento, creado en memoria de Jesús Santos,  ex primer teniente de alcalde y promotor del festival, tiene como objetivo recaudar fondos para entidades sociales sin ánimo de lucro. Estas como Cris contra el Cáncer,  la Asociación Española de Esclerodermia, ADELA  (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica) y los afectados por la DANA en Valencia.

A pesar de su carácter solidario y del respaldo del público (con cerca de 5.000 entradas vendidas), la organización denuncia una falta total de apoyo institucional por parte del gobierno municipal. Especialmente, desde las áreas dirigidas por Más Madrid, encabezadas por la concejala de Cultura Raquel Rodríguez, y la alcaldesa socialista Candelaria Testa.

 

Uno de los principales conflictos gira en torno al uso del espacio público. Inicialmente, el Ayuntamiento ofreció una tarifa reducida de 14.437 euros por el uso del recinto el día del evento. Sin embargo, meses después,  se exigió el pago de tasas por cada jornada de montaje y desmontaje, lo que elevaría el coste a más de 144.000 euros. 

Se trata de una cifra insostenible para un evento sin ánimo de lucro. Esta decisión contrasta con el trato dado a otros festivales como el CIUDADELLA Fest. Al cobraron menos de 4.000 euros y no se le aplicaron tasas por montaje o desmontaje.

 

En cuanto al impacto acústico, el Ayuntamiento solicitó un informe técnico especializado, pese a que eventos previos presentaron estudios deficientes y  superaron los niveles permitidos sin sanción. El estudio honesto presentado por la promotora del PLAY4LIFE Fest reveló una mínima desviación (4 decibelios) en una zona industrial sin viviendas. Pero fue suficiente para denegar la aprobación del montaje de escenarios.

Además, la organización denuncia un agravio comparativo en términos de financiación, promoción y uso de espacios municipales. Mientras que al CIUDADELLA Fest  se le adjudicó un contrato de 14.500 euros desde el propio Ayuntamiento, al festival solidario no solo se le negó apoyo económico. Además de esto, se le cobraron tasas incluso para realizar su presentación oficial.

Desde EDATV intentamos contactar con trabajadores del Ayuntamiento gobernado por el PSOE, pero no hemos podido establecer comunicación con ninguno. 

El festival, que representa una oportunidad de solidaridad y unión ciudadana,  sigue bloqueado por decisiones políticas y administrativas que ponen en entredicho la  imparcialidad del consistorio. A día de hoy, la promotora continúa buscando soluciones para poder llevar a cabo el evento y cumplir su fin social.