En el Senado, el auditor de Plus Ultra aseguró este miércoles que la aerolínea, que ha sido objeto de polémica por su rescate y en cuyo contexto ha sido imputado José Luis Rodríguez Zapatero, podría haber solicitado concurso de acreedores en 2020 si así lo hubieran decidido sus accionistas. También indicó que la compañía arrastraba problemas de falta de liquidez desde dos años antes de la pandemia, aunque no llegó a encontrarse en causa de disolución gracias a un crédito participativo.
Durante su intervención en la comisión de investigación sobre las ayudas de la SEPI, Jesús Ángel Carbajo explicó que en su trabajo llegó a detectar la existencia de alguna factura vinculada a la empresa Análisis Relevante, relacionada con el empresario Julio Martínez, cercano a Zapatero. Este hecho, según señaló, evidenciaría al menos una relación financiera puntual con dicha sociedad.
Carbajo defendió el informe que elaboró sobre la compañía y aclaró que no incluyó salvedades porque, en su criterio, no había irregularidades detectadas que justificaran un dictamen negativo. No obstante, sí añadió un párrafo de énfasis en el que advertía del riesgo de concurso de acreedores si no se adoptaban medidas para mejorar la situación económica de la empresa.
A su juicio, ese tipo de advertencias debieron ser consideradas por la SEPI antes de aprobar el rescate, aunque insistió en que nunca mantuvo contacto con el organismo público ni tuvo conocimiento previo de que la aerolínea fuera a solicitar ayudas.
El auditor también subrayó el papel del crédito valorado inicialmente en 6,3 millones de euros, como elemento clave para evitar la situación de disolución. Según explicó, de haberse considerado Plus Ultra como empresa en crisis bajo la normativa europea, no habría podido optar al fondo de rescate FASEE gestionado por la SEPI.
Frente a esta versión, un informe pericial incluido en el procedimiento judicial del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, citado por el juez José Luis Calama, sostiene una interpretación diferente. Dicho documento afirma que la empresa ya se encontraba en causa de disolución desde al menos un año antes de la pandemia, con problemas de insolvencia y sin liquidez suficiente para operar con normalidad.
Ese mismo informe cuestiona la documentación utilizada para justificar la ayuda pública, señalando que habría sido preparada para sustentar la concesión del rescate, pese a que Deloitte habría advertido de dudas sobre la viabilidad de la aerolínea y de serios problemas de tesorería.
Además, se apunta a posibles prácticas contables destinadas a evitar un escenario de disolución, como el uso de un supuesto préstamo participativo del grupo Panacorp —con fondos inmovilizados en un banco de Dominica—, ajustes en provisiones y operaciones con bonistas que incluyeron el embargo de una aeronave.
Por último, el perito responsable del informe, Pedro Martín Molina, sostiene que tras el rescate se detectaron transferencias hacia sociedades ajenas a la actividad habitual de la compañía, sin relación previa con la operativa de Plus Ultra. Está previsto que comparezca este jueves ante la misma comisión del Senado.
