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Mujer de cabello rubio y expresión seria en primer plano con dos hombres en círculos rojos al fondo uno con traje oscuro y corbata azul y otro frente a un micrófono con bandera de España detrás
POLÍTICA

Así será elegido el jurado que decidirá el destino de Begoña Gómez

El jurado popular llegó a España en 1995, lo hizo mediante una ley que democratiza la Justicia

La Justicia española vuelve a poner el foco en el jurado popular. Esta figura, que busca involucrar a la ciudadanía en los procesos judiciales, podría ser clave en el juicio contra Begoña Gómez.

La esposa del presidente del Gobierno enfrenta acusaciones de malversación de fondos públicos. Todo surgió por la ayuda que recibió de su asesora en Moncloa para sus negocios privados.

El juez Juan Carlos Peinado ha anunciado la posible celebración de un juicio con jurado. Esto genera dudas sobre cómo funciona este tribunal. A continuación, explicamos sus aspectos principales.

El jurado popular llegó a España en 1995, lo hizo mediante una ley que democratiza la Justicia. Su objetivo es que personas comunes decidan en casos graves. No juzga todo, solo delitos específicos entran en su ámbito.

Por ejemplo, homicidios o asesinatos. También amenazas graves y omisión del deber de socorro. Otro es el allanamiento de morada y, claro, la malversación de fondos.

Este último delito es el que toca el caso de Begoña Gómez. La Fiscalía investiga si usó recursos públicos de forma indebida. El jurado evaluará las pruebas y dará un veredicto.

Para ser jurado, hay requisitos claros. Debes tener nacionalidad española, ser mayor de edad y saber leer y escribir. Estar en pleno ejercicio de tus derechos políticos.

Además, ser vecino del municipio donde ocurrió el delito, o de cualquier sitio en la misma provincia. La ley exige aptitud para el cargo, personas con discapacidad no quedan fuera. Eso sí, hay excepciones.

Así es el proceso para elegir el jurado

No pueden ser jurados los condenados por delitos dolosos sin rehabilitación, tampoco procesados con juicio oral abierto. Ni detenidos o presos, y los cargos públicos están excluidos. Como el rey o el presidente del Gobierno.

También presidentes autonómicos. Jueces, abogados, policías y guardias civiles. Diputados y senadores tampoco.

Tres personas sentadas conversando y sonriendo en un evento, todas llevan ropa con detalles rojos y pulseras blancas, rodeadas de más asistentes en el fondo.

Si te toca, puedes excusarte en ciertos casos, mayores de 75 años lo hacen fácil, personas con discapacidad grave también. Quienes ya fueron jurados en los últimos cuatro años. O si tienes cargas familiares pesadas.

Trabajadores esenciales, cuyo puesto cause perjuicio si faltan, se libran y residentes en el extranjero. Militares en servicio activo y cualquiera con causas graves que lo impidan.

La selección es un proceso ordenado, se hace cada dos años. En septiembre de los años pares, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral lo organizan.

Calculan candidatos multiplicando por 50 el número de causas esperadas, basado en años previos. Sacan nombres del censo electoral, ordenados por municipios y alfabéticamente.

Notifican en octubre, para 2025, ya se avisó a los posibles, luego, las partes revisan. Fiscalía y defensa pueden recusar, usan un cuestionario para chequear imparcialidad.

Durante el juicio, los jurados no viven aislados, pueden ir a casa al final de cada sesión. Pero hay reglas estrictas, no hablan del caso con nadie, ni familiares ni amigos. Nada de medios.

En la deliberación final, tras la vista oral, sí se aíslan. No reciben info externa hasta el veredicto, deciden por mayoría.

Para delitos graves, bastan siete votos de nueve. Para menos graves, cinco. No hace falta unanimidad, el juez supervisa, si ve errores, pide correcciones, o nueva deliberación.

Él dicta la condena y escribe la sentencia.

Los jurados reciben pago, 67 euros al día, cubre juicio y deliberación. Más gastos de viaje y comida si hace falta, es un deber público. Inexcusable y personal, cuenta como servicio laboral o funcionarial.

Este sistema no está exento de polémica, algunos lo ven como un avance democrático. Otros critican su falta de experiencia. En el caso de Begoña Gómez, añade tensión política.

El juez Peinado abrió la causa por presunta malversación, la asesora de Moncloa habría ayudado en negocios privados, usando fondos públicos. Si llega a juicio, un jurado de ciudadanos decidirá, podría ser en meses, depende de la agenda judicial.

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