Hacienda decide que el SMI pague IRPF y hará que el incremento neto que le llegue al trabajador
Según estimaciones divulgadas por el Partido Popular, un trabajador que perciba el salario mínimo verá un incremento de 700 euros mensuales en su sueldo. Sin embargo, de esta cantidad, 346 euros serán retenidos por el Estado a través de las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF.
La consecuencia para el trabajador será que los 50 euros más al mes que Yolanda Díaz pactó con los sindicatos no es real. La realidad es que se reducirán hasta la mitad, unos 25 euros.
Esto se traduce en que únicamente dejará 354 euros como ganancia real para el empleado.
Este cálculo representa el escenario más alto, ya que el impacto fiscal variará dependiendo de la situación personal de cada trabajador. Se considerarán factores como su estado civil, el número de hijos a su cargo, entre otros.
El problema radica en que, al no ajustar el umbral del IRPF en función del Salario Mínimo, este superará en 2025 el límite de tributación. Por lo que obligará a los empleados a destinar hasta un 43% del aumento previsto al pago de impuestos.
La medida adoptada por el Ministerio de Hacienda responde a la creciente recaudación derivada del incremento continuo del SMI. Desde 2018, este salario ha aumentado aproximadamente un 60%, lo que ha provocado que cada vez más contribuyentes se vean afectados.
Todo esto en un contexto crucial para la estabilidad de las finanzas públicas debido a la reactivación de las normativas fiscales.
Por su parte, Yolanda Díaz ha expresado su desacuerdo con esta decisión, especialmente por su impacto en los trabajadores con ingresos más bajos. Mientras, promueve una reducción del IRPF para los propietarios de viviendas que opten por bajar el precio del alquiler.
En otras palabras, aunque el Ministerio de Trabajo ha manifestado su oposición, reconoce que la última palabra la tiene María Jesús Montero.
Las transferencias de dinero entre padres e hijos han sido una práctica habitual en muchas familias españolas. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha puesto la lupa sobre estas operaciones para evitar que se utilicen como mecanismo para eludir el pago de impuestos.
A partir de 2025, cualquier movimiento financiero entre familiares que supere ciertos umbrales será sometido a un mayor control, con sanciones para quienes intenten ocultar donaciones no declaradas.
El objetivo principal de Hacienda es evitar que se realicen donaciones encubiertas sin pagar el correspondiente Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Para ello, las entidades bancarias están obligadas a reportar automáticamente cualquier transferencia que supere los 3.000 euros. Esto permitirá a la Agencia Tributaria identificar posibles irregularidades y, si lo considera necesario, iniciar investigaciones sobre la procedencia y el destino del dinero.
Si el importe transferido alcanza los 6.000 euros, Hacienda puede solicitar documentación adicional para comprobar que el movimiento de fondos se ajusta a la normativa.
En los casos en los que se detecte una donación no declarada, se impondrán sanciones económicas, que pueden incluir recargos e intereses de demora.
