Aragón recurrirá a la justicia la regularización masiva del Gobierno

El Gobierno de Aragón ha mostrado su rechazo al decreto aprobado por el Ejecutivo central sobre inmigración. La medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez contempla una regularización extraordinaria que, según el Ejecutivo autonómico, se ha diseñado sin contar con las comunidades afectadas y sin la debida planificación previa.

El texto ha sido aprobado en el Consejo de Ministros y está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que permitirá su entrada en vigor en los próximos días. Desde el Gobierno aragonés aseguran que, en cuanto sea oficial, activarán todas las vías legales y políticas posibles para oponerse a su aplicación, al considerar que se trata de una decisión de gran impacto adoptada sin consenso territorial.

Fuentes del Ejecutivo autonómico sostienen que la norma presenta una falta de transparencia y serias dudas de seguridad jurídica, ya que no se ha concretado el número real de personas que podrían beneficiarse del proceso. Las estimaciones varían entre cientos de miles y más de un millón de solicitudes a nivel nacional, lo que, según Aragón, dificulta cualquier planificación de recursos públicos.

El Gobierno regional también critica que no se haya explicado el impacto económico de la medida ni su efecto sobre los servicios públicos. En este sentido, advierte de que la gestión de una regularización de estas dimensiones recaerá en gran parte sobre las comunidades autónomas, sin que se haya previsto una dotación adicional de medios humanos o materiales para hacer frente a la carga administrativa.

Desde el Ejecutivo aragonés se alerta de posibles consecuencias en áreas clave como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que podrían verse sometidos a una presión adicional. Según estas fuentes, la falta de planificación previa podría derivar en un colapso administrativo en determinadas regiones si no se refuerzan los sistemas de gestión.

Otro de los puntos que genera preocupación es el tratamiento de los antecedentes en el procedimiento, ya que, según lo previsto estos no serían motivo automático de denegación. Para el Gobierno de Aragón, esta situación supone un riesgo añadido para la seguridad ciudadana y evidencia, a su juicio, una regulación insuficientemente estricta.

Además, el Ejecutivo autonómico cuestiona la ausencia de itinerarios claros de integración laboral y social para las personas que puedan acogerse a la regularización. Considera que no se han definido mecanismos adecuados de inserción en el mercado de trabajo ni medidas específicas para garantizar la convivencia en los territorios afectados.