El Gobierno de Aragón ha puesto fin a las pagas semanales que percibían los menores extranjeros no acompañados acogidos en centros dependientes de la comunidad. La medida ha sido impulsada por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, dentro del proceso de revisión del gasto público que desarrolla su departamento.
La decisión supone la eliminación de una asignación económica fija que, hasta ahora, se entregaba de manera periódica a los menores tutelados por la Administración autonómica. Según el Ejecutivo aragonés, estas cantidades se financiaban con cargo al presupuesto regional y carecían de un respaldo normativo específico.
La revisión de las cuentas públicas permitió detectar este desembolso durante las auditorías internas promovidas por la Consejería. El análisis concluyó que la ayuda económica se abonaba de forma automática a todos los menores acogidos en los centros gestionados por la comunidad.
El Gobierno de Aragón ha puesto fin a las pagas semanales que percibían los menores extranjeros no acompañados
Cada beneficiario recibía una cantidad de 17 euros semanales con independencia de sus circunstancias personales. El sistema, según el Gobierno aragonés, se mantenía desde hace años y representaba un importante coste para las arcas públicas.
Alejandro Nolasco defendió la medida al considerar que los recursos públicos
El Ejecutivo autonómico calcula que la supresión de estas pagas permitirá ahorrar alrededor de 180.000 euros al año. Esa cifra corresponde al gasto generado por las asignaciones económicas destinadas a los menores extranjeros no acompañados atendidos en Aragón.
Alejandro Nolasco defendió la medida al considerar que los recursos públicos deben destinarse a otras prioridades sociales. En ese sentido, aseguró que el importe ahorrado permitiría financiar hasta siete nuevas plazas para personas mayores en residencias.
Vicepresidente de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco
La orden ha sido desarrollada mediante una instrucción interna coordinada entre la Dirección General de Desregulación y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Ambos organismos han sido los encargados de aplicar la nueva directriz en los centros de acogida. Desde el departamento de Bienestar Social sostienen que la decisión responde a criterios de control del gasto y de eficiencia en la gestión de los recursos públicos. El objetivo, explican, pasa por revisar partidas que no contaban con una regulación expresa.
El anuncio coincide con el debate sobre la financiación de la atención a los menores extranjeros no acompañados y el reparto de estos jóvenes entre las comunidades autónomas. Aragón mantiene que acoge a estos menores en cumplimiento de los criterios fijados por el Gobierno central.
