Un juzgado de Madrid solicita la intervención de la Fiscalía para decidir si investiga penalmente el documento elaborado por el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska
El documento del Ministerio del Interior que reunía información sobre las tendencias políticas de numerosos comunicadores ha llegado a los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha iniciado los primeros trámites tras recibir una denuncia de Iustitia Europa, que cuestiona la elaboración de este archivo sobre profesionales de los medios de comunicación.
La magistrada ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la existencia de posibles actuaciones penales relacionadas con el documento. Su respuesta permitirá examinar si existen motivos para continuar con una investigación judicial sobre los hechos denunciados. Por ahora, no se ha adoptado una decisión definitiva sobre la apertura de una causa penal.
El procedimiento pone nuevamente bajo escrutinio la actuación del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. El listado contenía decenas de perfiles individuales, acompañados de imágenes y apreciaciones sobre las posiciones ideológicas atribuidas a periodistas y participantes habituales en tertulias.
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Marlaska defendió el documento y su Ministerio terminó pidiendo disculpas
La existencia de estas fichas se conoció públicamente a comienzos de septiembre. Su contenido abrió un debate sobre el uso de información personal de periodistas por parte de un organismo gubernamental, especialmente por las referencias a sus posibles afinidades políticas.
Tras conocerse el documento, Marlaska defendió que su elaboración respondía a necesidades internas de trabajo. El ministro rechazó que existieran propósitos indebidos y el Gobierno situó su confección en 2024, dos años antes de que saliera a la luz.
Interior también trasladó sus disculpas a los comunicadores que pudieran haberse sentido perjudicados por el contenido de sus fichas. Sin embargo, estas explicaciones no evitaron que el asunto terminara ante los tribunales mediante la denuncia presentada por Iustitia Europa.
La actuación del juzgado abre ahora una nueva vía para examinar lo ocurrido. La Fiscalía deberá pronunciarse sobre la situación procesal antes de que la magistrada determine si corresponde avanzar en la investigación penal.
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Protección de Datos también examina la información recopilada por Interior
El procedimiento judicial no es la única actuación institucional relacionada con el documento. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado sus propias comprobaciones para determinar si la recopilación de información personal respetó las obligaciones legales correspondientes.
El organismo analizará qué datos se incorporaron a las fichas, cómo se utilizaron y qué justificación existía para su tratamiento. También deberá establecer si Interior disponía de una base jurídica adecuada para gestionar esa información.
La investigación administrativa se desarrolla de manera independiente de las actuaciones del juzgado madrileño. La AEPD ha precisado que el inicio de sus comprobaciones no significa que haya constatado un incumplimiento de la normativa.
Interior afronta así dos procedimientos de distinta naturaleza por el listado de periodistas. Mientras Protección de Datos examina el tratamiento de la información personal, la Justicia debe decidir si los hechos denunciados justifican una investigación penal. Ninguno de los dos procedimientos acredita, por el momento, la comisión de una infracción o un delito.
