El dinero utilizado para hacer posible el desplazamiento de decenas de miles de personas hasta la frontera de Ceuta se ha convertido en una de las principales líneas de investigación de la Audiencia Nacional. La jueza María Tardón quiere determinar si detrás de los acontecimientos del 30 y 31 de julio existió una infraestructura económica y logística que facilitara la movilización.
Para seguir el rastro de esa posible financiación, la magistrada ha puesto a trabajar conjuntamente a unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. La UDEF y la UCO deberán examinar movimientos de dinero, transferencias informales y gastos relacionados con el transporte que puedan estar conectados con lo sucedido.
La investigación deberá prestar especial atención al denominado sistema hawala, utilizado para transferir fondos al margen de los circuitos bancarios convencionales. También se analizará si existieron contrataciones de medios de transporte colectivos u otras operaciones económicas capaces de explicar la logística necesaria para desplazar a un número tan elevado de personas.
Tardón justifica la decisión por las propias dimensiones de los hechos que investiga. Su auto cifra entre 75.000 y 85.000 las personas movilizadas y sostiene que un movimiento de semejante envergadura "difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros".
Tardón justifica la decisión por las propias dimensiones de los hechos que investiga
El rastreo no quedará únicamente en manos de UCO y UDEF. La instructora también ha decidido recurrir al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) para comprobar si existen operaciones sospechosas que puedan guardar relación con los acontecimientos investigados.
La hipótesis que trata de comprobar la Audiencia va así más allá de las convocatorias difundidas previamente a través de las redes sociales. La resolución contempla la posibilidad de que hubiera apoyo material, medios logísticos e incluso personas que dirigieran sobre el terreno el desplazamiento hacia territorio español. Son extremos que deberán ser acreditados durante la instrucción.
Seguir el dinero es, además, una vía para intentar llegar hasta quienes pudieron estar detrás de la organización. Tardón considera prioritario determinar quién tenía capacidad suficiente para preparar y coordinar una movilización de esas dimensiones, así como las posibles conexiones entre las personas, grupos u organizaciones que aparezcan durante las pesquisas.
Por este motivo, la jueza ha requerido información a varios organismos relacionados con inteligencia, seguridad y control fronterizo. Entre ellos se encuentran la Comisaría General de Información, la Jefatura de Información de la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras.
Todos deberán aportar elementos que permitan reconstruir quién pudo diseñar, coordinar o dirigir la operación desde el lado marroquí y qué relaciones existían, en su caso, entre sus posibles responsables.
