El Tribunal de Cuentas aplica la Ley de Amnistía a una treintena de ex altos cargos independentistas, incluidos Oriol Junqueras y Artur Mas, y ordena devolver las fianzas millonarias
Carles Puigdemont obtiene su primera amnistía mientras continúa pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva definitivamente su situación penal. El Tribunal de Cuentas ha acordado cerrar el procedimiento por el presunto uso irregular de fondos públicos destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y las actividades internacionales del 'procés'. La decisión también beneficia a una treintena de antiguos responsables de la Generalitat, entre ellos Oriol Junqueras y Artur Mas.
La resolución supone un nuevo avance en la aplicación de la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, una norma que ha marcado las relaciones entre el Ejecutivo y las formaciones independentistas catalanas. Con esta decisión, los afectados quedan liberados de las responsabilidades contables reclamadas en este procedimiento, sin que llegue a dictarse una sentencia sobre el fondo de los gastos investigados.
Además del archivo, el organismo fiscalizador ha ordenado la devolución de las fianzas millonarias que los encausados habían tenido que constituir como garantía ante una eventual condena. La medida pone fin a una de las principales consecuencias económicas que seguían afrontando los antiguos dirigentes independentistas por la financiación del proceso secesionista.
El Tribunal de Cuentas cierra el procedimiento tras el pronunciamiento europeo
La decisión llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyera que los hechos examinados no afectaban a los intereses financieros de la Unión Europea, una cuestión que había condicionado la aplicación de la amnistía en este procedimiento.
El Tribunal de Cuentas había mantenido paralizada su decisión mientras esperaba la respuesta europea. Una vez conocida, el organismo rechazó ampliar las investigaciones para determinar si los fondos utilizados podían tener procedencia comunitaria, como solicitaba Sociedad Civil Catalana.
La resolución permite aplicar la Ley de Amnistía sin continuar examinando las posibles responsabilidades económicas derivadas de los gastos investigados. De esta manera, Puigdemont, Junqueras, Mas y el resto de los beneficiados dejan atrás una causa relacionada con la utilización de recursos públicos para impulsar el independentismo catalán.
El cierre del procedimiento plantea también un debate político sobre las consecuencias de la norma aprobada durante la legislatura de Sánchez. Aunque la decisión responde a la aplicación judicial de una ley vigente, su resultado supone que las reclamaciones económicas vinculadas a estos hechos quedan extinguidas sin una resolución condenatoria o absolutoria sobre el fondo del asunto.
Puigdemont avanza hacia su situación judicial definitiva
El archivo llega en un momento especialmente relevante para el futuro judicial del expresidente catalán. El Tribunal Constitucional ha respaldado recientemente la aplicación de la amnistía a la malversación vinculada al 'procés', una resolución que ha obligado al Tribunal Supremo a reconsiderar su criterio anterior.
Tras este pronunciamiento, el magistrado Pablo Llarena dejó sin efecto la orden de detención e ingreso en prisión que pesaba sobre Puigdemont. Sin embargo, la decisión definitiva sobre la aplicación de la amnistía en el procedimiento penal todavía corresponde al Tribunal Supremo.
La situación vuelve a colocar en el centro del debate la decisión de Pedro Sánchez de impulsar una ley que permite extinguir responsabilidades por determinados hechos relacionados con el desafío independentista de 2017. Sus defensores consideran que la norma contribuye a superar el conflicto político catalán, mientras sus detractores cuestionan sus efectos sobre la rendición de cuentas.
Con la causa contable archivada y las garantías económicas pendientes de devolución, Puigdemont consigue un resultado judicial favorable gracias a la amnistía promovida por el Ejecutivo socialista. El siguiente paso dependerá del Tribunal Supremo, cuya resolución determinará el alcance definitivo de la medida sobre las responsabilidades penales que aún afectan al dirigente independentista.
