El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, vuelve a estar en el centro de la polémica. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una demanda presentada por el sindicato Justicia Policial (JUPOL). La acusación es clara: vulneración de derechos fundamentales de los policías nacionales.
La decisión llega tras años de tensiones entre Interior y los agentes. JUPOL denuncia incumplimientos constantes, desprecios y un “bloqueo sistemático” de las mejoras laborales prometidas. Para los policías, la justicia se ha convertido en el único camino para defender lo que consideran básico: sus derechos.
La demanda de Conflicto Colectivo ya tiene fecha. El 12 de noviembre, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional escuchará a las partes. El sindicato sostiene que la situación ha llegado demasiado lejos y que Interior no ha cumplido ni sus compromisos ni la propia legislación vigente.
Riesgos laborales sin protección
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Una norma que, según JUPOL, apenas se aplica en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El trabajo policial implica riesgos específicos. Sin embargo, Interior no estaría garantizando los mismos niveles de seguridad que disfrutan otros colectivos.
“Los policías merecen condiciones de trabajo dignas, seguras y sostenibles. Pero no se cumplen”, afirman desde el sindicato. El déficit en salud laboral, añaden, no solo incumple la normativa española, sino también las directrices europeas.
El artículo 40 de la Constitución
La denuncia también señala la vulneración del artículo 40 de la Constitución Española. Este artículo obliga a los poderes públicos a garantizar condiciones laborales adecuadas. Habla de formación, de seguridad e higiene en el trabajo y del derecho al descanso.
