Los derechos tienen una característica fundamental y es que por mucho que te amparen, se ven limitados siempre por los derechos de otros. El de la libertad de expresión o publicación, están limitado por los diversos derechos de protección al honor, a la intimidad y a otros muchos, el de fumar está limitado por el derecho del no fumador a que no le incordies y el de circular por una carrera a una velocidad determinada, a que un ciclista no esté ejerciendo su derecho a hacerlo con su máquina en el mismo lugar y momento a que un peatón no ejerza su derecho a cruzar por el paso de peatones.
No hay ningún derecho absoluto que no se contraponga a los derechos de otros excepto el muy superior y primario derecho a la vida, del que dependen los demás. Y hasta ese es supeditado a la legislación penal, a la declaración de guerra, al ejercicio legítimo de la violencia por parte de quienes tienen el monopolio de hacerlo en nombre del estado, de la ley y de la convivencia e incluso - mucho más terrible - el supuesto y falso derecho de una madre sobre su propio cuerpo frente a la vida del no nacido.
Entonces ¿de dónde hemos sacado que el derecho a la propiedad privada sea un derecho absoluto, sagrado y por encima de cualquier otro cuando se contrapone a un derecho primario, también absoluto y reconocido en la carta magna como es el derecho a una vivienda digna?
No solo la vivienda, sino en general la riqueza y su acumulación, tienen que tener y tienen, en una sociedad sana, decente y equilibrada un límite claro: deben cumplir con una función social por encima del derecho a la mera acumulación de riqueza y a la especulación, pero especialmente cuando la especulación se produce con un derecho básico y fundamental como es la vivienda, debe ser literalmente prohibida, perseguida, regulada y penada y, una vez hecho y con esa premisa clara, entonces sí, actuar con la misma contundencia contra quienes, a pesar de la especial protección otorgada al derecho a la vivienda, violen deliberadamente el derecho limitado de los propietarios a recibir su contraprestación no especulativa y racional.
Solo un estado fuerte puede regular ese equilibrio como regula la máxima velocidad de circulación en carretera o las zonas de adelantamiento permitidos.
Sin embargo no es menos cierto que siendo así que es el Estado, es decir, todos nosotros puestos de acuerdo mediante la aplicación de un código, una autoridad, unas funciones y unos mecanismos de aplicación, tiene la obligación de regular todos estos derechos y obligaciones, es el que debería haber cumplido y no cumple desde hace décadas, con tres cosas, al menos, a este respecto: con la oferta suficiente de parque público de vivienda tanto en propiedad como en alquiler; con la regulación del derecho a usarlas y ocuparlas por los nacionales y solo por los nacionales contribuyentes de la nación, y no por cualquiera que llegue al asalto blandiendo el estigma de la vulnerabilidad; y con la legislación adecuada para impedir la adquisición de viviendas por parte de empresas cuyo único objetivo es la especulación con un bien básico - sean nacionales o extranjeras - convirtiendo un derecho en un negocio.
El mismo derecho que cualquiera que no sea un malnacido, entenderá que ampara la prohibición y persecución del tráfico de órganos, armas, estupefacientes o personas o su explotación, por muy buenos y rentables negocios que puedan ser - y seguro que lo son - debería amparar la regulación de la vivienda fuera de toda especulación capitalista.
Y eso, y no la interpretación excepcional e ilegal de la norma, según que casos mediáticos y politizados con afán electoralista, asegurarían que Maricarmen no fuera expulsada de su vivienda, que nadie pretendiera multiplicar por seis su renta solo porque “el mercado lo permite” fruto de una limitación de la oferta, un aumento artificial de la demanda y, sobre todo de una acumulación de capital que permite adquirir bienes básicos - igual que si fueran riñones o corazones - para ofrecerlos al mejor postor.
La imagen de Maricarmen, interesada, mediática, terrible e insoportable para cualquiera con una mínima decencia, expulsada ayer de su domicilio no es el problema, sino la consecuencia de lo anterior.
Pedir ahora a los jueces que “interpreten” de la forma más favorable posible un caso particular, por muy terrible que sea - y lo es - es una entelequia. Solo faltaría que la norma dependiera del ruido, la pena, la manipulación o el interés político y no de los márgenes más o menos estrechos o anchos que pueda tener un tribunal.
Démosle a los jueces la herramientas para impedir estas salvajadas con arreglo a la ley. Legislemos para acabar con la especulación en la vivienda y el “tráfico” de suelo. Aseguremos el derecho justo a la vivienda y construyamos un parque adecuado y asequible.
Protejamos a los nuestros frente a quienes, para resolver sus problemas - que no dudo que los tengan - lo único que logran es no resolver los suyos y destrozar nuestros más elementales derechos por falta de capacidad y previsión.
Y no olvidemos que la riqueza tiene que cumplir con una misión social. Y que hay miles, por no decir millones de negocios para cualquier particular o empresa que no implica adquirir un bien básico y especular con él, manejando oferta y demanda al propio antojo.
La vivienda no puede ser un negocio como la salud no puede ser un negocio o la educación no puede ser un negocio.
Si un estado no garantiza educación y sanidad de calidad para todos, con los costes que eso suponga para el Estado - para todos nosotros - no puede haber alternativas privadas. Después sí, pero no sin antes garantizar ese derecho desde lo público.
Si no se puede garantizar el derecho a la vivienda para todos los nacionales, con los mecanismos racionales de contribución equilibrada, por parte de estos, no puede haber especulación privada que altere el precio de la vivienda y lo convierta en un negocio. Después sí, pero no sin garantizar antes el derecho.
Y finalmente, haya o no alternativas privadas - hoy por hoy ilegales, pero para las que no faltan voces que aplicarían los mismos criterios que en la vivienda como valor absoluto de la propiedad privada - no se pueden comprar y vender órganos, por muy “nuestros” que sean.
Y es que hay cosas que, además de por derecho, se mueven por decencia, por moral, por ética, por derecho natural, en definitiva.
Mientras tanto, no haber sido capaces de evitar el desahucio de ayer, no es sino el síntoma claro no solo del fracaso de un modelo económico o moral, sino de la desidia y repugnancia que operan en el Régimen del 78.
Es el régimen del 78 el responsable, en su conjunto, de la situación de ayer, con todos los políticos que ayer se pronunciaban, a la cabeza. Porque a esos políticos les importaba muy poco Maricarmen y mucho el mitin, el tirón mediático y el rédito político que puedan obtener unos y otros para sus respectivos intereses.
Igual así se entiende.
