Desdesiempre se nos ha exigido verla inmigración como caridad, prohibiendo y criminalizando de antemano cualquier intento de ver la realidad con datos, con visión de macroeconomía, de fiscalidad y de geopolítica. Sin embargo, cuando se apartan los eufemismos y se ponen los datos sobre la mesa, la injusticia y la burla en nuestra cara deja de ser una teoría conspiranoica para convertirse en una evidencia irrefutable: mientras Marruecos obtiene un rendimiento estratégico y financiero extraordinario de la salida a nadode sus ingenieros, España asume los costes de un modelo inmensamente deficitario para todos nosotros y nuestros impuestos.
El primer paso para desmontar la mentiraes ese precisamente:hablar de los datos sin tapujos. En nuestro territorio se asientan exactamente 1.165.955 personas nacidas en Marruecos, incluyendo a quienes ya han adquirido la nacionalidad española, lo que consolida a esta comunidad como el primer contingente extranjero por lugar de nacimiento, superando con claridad a cualquier otra colectividad. Esta invasión migratoria crece año por año; las estadísticas de llegada registran de manera constante entre 22.000 y 26.000 personas cada trimestre. Ante esta marea intelectual y trabajadora, el mercado de trabajo marroquí ofrece otro dato interesante: una tasa oficial de paro del 10,8% que se dispara hasta el 45% entre los jóvenes de 18 a 24 años si se contabilizan las bolsas de subempleo y la inactividad forzosa, a lo que se añade también una tasa de participación laboral femenina que apenas roza el 19%. A ellas lo de trabajar no les va, ni allí ni cuando llegan aquí, son sus costumbres y hay que respetarlas.
La paradoja es aún mayor cuando se contrasta con la realidad sociolaboral de España. El 64% de los jóvenes marroquíes manifiesta su intención de emigrar, situando a Europa y a nuestro país como su destino predilecto, a pesar de que tenemos una tasa de desempleo juvenil del 23,8% que duplica con vergüenza la media de la Unión Europea. El resultado de este desajuste es doblemente perverso: mientras importamos presión demográfica y laboral, unos 46.000 jóvenes españoles menores de 35 años se ven obligados a hacer las maletas cada año para buscar un porvenir fuera de nuestro país. Este contraste convive con un Estado del bienestar carísimo, financiado por los que sí trabajamos y que debemoshacerlo 228 días al año, para sostener un sistema fiscal que choca frontalmente con la economía informal marroquí, donde dos tercios de la actividad económica se desarrollasin pagar impuestos.
Las consecuencias de este modelo se trasladan de forma directa a las cuentas de nuestra Seguridad Social y a la sostenibilidad de nuestros servicios públicos. Frente a más de un millón de personas nacidas en Marruecos, el registro oficial de cotizantes se sitúa en torno a los 370.000, con una brecha de género muy acusada donde el patrón señala que por cada hombre cotizante existen entre tres y cinco mujeres que no trabajan. Si a esta costumbre moruna se suma una tasa de fecundidad estimada entre tres y cuatro hijos por mujer en la comunidad marroquí frente al 1,07 de media nacional, y un volumen de nacionalizaciones que solo en 2024 ascendió a 42.910 expedientes para esta nacionalidad, el impacto sobre la teoría del reemplazo, adquiere una dimensión presupuestaria que recae íntegramente sobre las espaldas suyas y mías.
En el aspecto geopolítico y financiero, la inmigración marroquítrabajacomo una industria muy bien montada parala rentabilidad deese país. La Unión Europea ha entregado más de 500 millones de euros orientados a la cooperación migratoria, mientras que España destinó 122 millones de euros entre 2019 y 2022 al Ministerio del Interior marroquí, complementados con otros 35 millones en vehículos y equipamiento. A cambio de contener los flujos irregulares, Marruecos consolida una potente renta de posición que le otorga una palanca permanente de presión diplomática sobre nuestra frontera, convirtiendo la gestión del Estrecho en un activo negociador tremendamente rentable para ellos. Y que por supuesto les conviene mucho más, en manos españolas que marroquíes.
La otra vertiente de este modelo son las remesas de capital. En 2025 se enviaron desde España 1.589 millones de euros hacia Marruecos, alimentando un volumen global que roza los 11.000 millones de euros y equivale al 8,5% del PIB marroquí. (vuélvalo a leer, por favor, sin la boca abierta) De ese flujo monetario, el 71% se destina a consumo corriente, el 21% a ahorro bancario y el 8% a inversión, destinándose cerca del 80% de esta última a la adquisición de vivienda. Para Rabat, el saldo es un éxito indiscutible: exporta presión laboral, recibe divisas vitales para su economía, cobra fondos europeos por vigilar el perímetro y mantiene intacta su influencia. Para España, el balance se traduce en asumir la factura fiscal, sanitaria, educativa y de seguridad de una estructura social cuyos rendimientos económicos netos escapan de nuestro circuito productivo.
A esta injusticia pagada con nuestros madrugones, sesuma una deriva jurídica marcada por la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo, de 29 de junio de 2026, relativa a los rechazos en frontera, cuya interpretación consolida un incentivo más, donde cruzar la frontera al margen de la ley resulta administrativamente más complejo para la acción del Estado y más rentable para el ingeniero nadador. Cuando las normas de un Estado democrático se interpretan de manera que el cumplimiento estricto del derecho se convierte en un perjuicio para quien lo respeta, la justicia distributiva se subvierte por completo.
España cuenta con los resortes materiales, económicos y estratégicos necesarios para reorientar esta relación bilateral. Nuestra economía multiplica por diez la marroquí, con un PIB de aproximadamente 1,687 billones de euros frente a los 158.000 millones del vecino molesto, somos su principal socio comercial al comprar cerca del 20% de sus exportaciones y suministrarle el 14% de sus insumos, y mantenemos una superioridad institucional y militar incuestionable. Lo que falta no son medios, sino firmeza política para utilizarlos sin complejos de culpa, ni complejos de inferioridad diplomática. Para dejar de ser progres aborregados y ponernos los pantalones. Condicionar la ayuda económica a resultados verificables, exigir el cumplimiento estricto de los acuerdos de readmisión, endurecer el control fronterizo y revisar el modelo de incentivos no es un acto de insolidaridad, sino la obligación básica de cualquier gobierno que se respete, que no es el caso.
La convivencia pacífica y el respeto a quienes se integran cumpliendo las leyes no están reñidos con la exigencia de un orden racional. Yo soy inmigrante integrado, no estoy en contra de la inmigración. Un país que renuncia a ordenar sus fronteras y a exigir reciprocidad camina inevitablemente hacia el fracaso, atrapado en un negocio ajeno que pagamos nosotros mientras vemos el desmantelamiento de nuestro porvenir. Frente al relato oficial que pretende silenciar la verdad con buenismos y listas de Spotify, es hora de levantar la voz con libertad. Os invito a seguir este debate y a continuar la resistencia crítica en mis redes sociales @jota_camachog. No regalemos España.
Si en Marruecos necesitan ayuda, que la pidan (A los suyos)…
NOTA SOBRE LAS FUENTES: Como en todos mis artículos, los datos que aparecen en este texto son contrastables. Para este artículo se han utilizado, entre otras, estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre población y nacionalizaciones; datos del Banco Mundial sobre empleo, PIB y remesas; documentación de la Comisión Europea sobre cooperación migratoria con Marruecos; datos del Office des Changes de Marruecos sobre remesas y comercio exterior; y la Sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo sobre los rechazos en frontera. Todas estas fuentes son públicas y pueden ser consultadas y contrastadas directamente.
