Presidente de Castilla-La Mancha durante más de veinte años, ministro de Defensa con José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente presidente del Congreso de los Diputados
Hay personajes de la política española que nunca terminan de marcharse. Abandonan los cargos, dejan los ministerios, desaparecen de las listas electorales y ya no ocupan formalmente despachos en Ferraz, pero continúan moviéndose alrededor del poder con una facilidad que el común de los mortales jamás conocerá.
José Bono es uno de ellos.
Presidente de Castilla-La Mancha durante más de veinte años, ministro de Defensa con José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente presidente del Congreso de los Diputados, Bono representa como pocos esa generación de dirigentes socialistas que hicieron de la política prácticamente una profesión para toda la vida.
Y alrededor de José Bono existe desde hace muchos años una pregunta que vuelve periódicamente a la actualidad: ¿cómo se explica exactamente su patrimonio?
La pregunta no supone afirmar la comisión de delito alguno. Conviene recordarlo. De hecho, las antiguas denuncias relacionadas con su patrimonio fueron archivadas por la Fiscalía en 2010. Pero que algo no haya terminado entonces en procedimiento penal no significa que los ciudadanos tengan prohibido formular preguntas políticas sobre quienes durante décadas administraron dinero público.
Y las noticias conocidas durante los últimos meses justifican que esas preguntas vuelvan a hacerse.
Durante años contemplamos a Bono como aquel político manchego aparentemente campechano, católico, monárquico y supuestamente situado en el sector moderado del PSOE.
Era el socialista que parecía diferente.
El hombre que podía acudir a una procesión mientras sus compañeros de partido renegaban de cualquier manifestación religiosa. El político que hablaba de España, de la bandera y del Ejército sin que aparentemente le produjeran urticaria.
Quizá por eso consiguió construir alrededor de sí mismo una imagen de respetabilidad que ha sobrevivido extraordinariamente bien al paso del tiempo.
Pero detrás del personaje político existe una trayectoria económica que merece ser examinada con atención.
Informaciones publicadas este año sitúan sociedades vinculadas a Bono con un importante patrimonio inmobiliario y empresarial. Su sociedad Joasa 2012, por ejemplo, habría pasado de un patrimonio neto de 287.707 euros en 2020 a más de un millón en 2024, mientras sus activos totales alcanzaban 1,84 millones. Entre ellos aparecen inmuebles en Marruecos.
También hemos conocido sus actividades en República Dominicana, país cuya nacionalidad obtuvo en 2020 y donde diferentes investigaciones periodísticas han documentado sociedades, inversiones y propiedades relacionadas con el antiguo dirigente socialista.
Nada de esto constituye por sí mismo un delito.
Pero todo ello permite formular una pregunta perfectamente legítima:
¿Cómo se construye semejante patrimonio después de una vida fundamentalmente vinculada a la política?
Porque los españoles tenemos derecho a preguntarlo.
Hay además una circunstancia histórica que conviene recordar ahora.
José Bono fue ministro de Defensa precisamente durante los primeros años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando España comenzó a establecer unas relaciones particularmente estrechas con la Venezuela de Hugo Chávez.
Fue Bono quien viajó a Caracas y quien protagonizó políticamente en 2005 la operación mediante la cual Venezuela acordó comprar a España ocho buques patrulleros y doce aviones de transporte por una cifra cercana a los 1.700 millones de euros. El propio Bono defendió públicamente aquella operación frente a las críticas internacionales.
Conviene ser precisos: Bono insistía entonces en que aquello no eran propiamente «armas», sino patrulleros y aviones de transporte. Pero hablamos, en cualquier caso, de un importantísimo acuerdo de material y equipamiento militar con el Gobierno de Hugo Chávez.
Aquello sucedía durante la presidencia de Zapatero.
Y dos décadas después resulta inevitable observar cómo algunos protagonistas de aquella política exterior vuelven a aparecer relacionados, de una u otra manera, con Hispanoamérica.
Las casualidades pueden existir.
Pero cuando las casualidades empiezan a necesitar un organigrama quizá sea conveniente hacer preguntas.
La última información conocida es, probablemente, la más políticamente escandalosa.
Según las informaciones publicadas, José Bono se habría alojado durante aproximadamente un mes, entre mayo y junio, en la residencia del Consulado General de España en Tánger.
¿El motivo?
Su estancia habría coincidido con las gestiones relacionadas con la ampliación de su impresionante propiedad en la medina tangerina.
No estamos hablando precisamente de un apartamento de sesenta metros cuadrados.
Las informaciones publicadas sobre la propiedad de Bono hablan de un complejo formado a partir de la antigua casa-taller del pintor Josep Tapiró y sucesivas adquisiciones de inmuebles colindantes. Según The Objective, el conjunto superaría actualmente los 1.800 metros cuadrados.
Y mientras se ocupa de sus asuntos inmobiliarios en Marruecos, el antiguo ministro socialista habría encontrado alojamiento nada menos que en una residencia oficial española.
Maravilloso.
El ciudadano corriente que reforma su casa duerme en casa de sus suegros, busca un apartamento, alquila una habitación o se marcha a un hotel.
José Bono, según estas informaciones, se instala en el Consulado de España.
Esa es la igualdad socialista llevada a su máxima expresión.
Todos somos iguales, pero algunos conocen al cónsul.
Aquí es donde la cuestión deja de ser una simple anécdota sobre un antiguo político.
Porque un consulado español no es un hotel.
Las residencias diplomáticas españolas existen para atender las necesidades del Estado y de su representación exterior. Se mantienen, directa o indirectamente, con recursos públicos.
Por eso el Ministerio de Asuntos Exteriores debería explicar inmediatamente qué ocurrió.
¿Quién autorizó la estancia de José Bono?
¿Cuántos días permaneció exactamente?
¿En calidad de qué?
¿Pagó alguna cantidad por su alojamiento?
¿Se sufragaron con dinero público comidas, personal, suministros u otros gastos derivados de aquella estancia?
¿Utilizó vehículos pertenecientes al Consulado?
¿Para qué desplazamientos?
¿Se utilizaron esos medios para realizar gestiones relacionadas con sus propiedades particulares?
No estoy condenando a José Bono.
Estoy haciendo algo mucho más sencillo: pedir explicaciones.
Eso que durante tantos años la izquierda exigió a todo el mundo y que parece molestarle extraordinariamente cuando las preguntas afectan a uno de los suyos.
Porque éste es finalmente el verdadero problema.
Durante décadas nos vendieron el socialismo como la ideología de los trabajadores.
Nos hablaron de obreros, igualdad, solidaridad y redistribución de la riqueza.
Y algunos de aquellos dirigentes que llegaron a la política hablando en nombre de los trabajadores terminaron rodeados de propiedades, sociedades, inversiones internacionales y magníficas relaciones en medio mundo.
Qué extraordinaria capacidad de promoción social ha demostrado tener el socialismo español.
Especialmente con sus dirigentes.
Mientras millones de españoles hacen cuentas para pagar una hipoteca, algunos antiguos próceres socialistas aparecen vinculados a propiedades en Marruecos y negocios o inversiones en República Dominicana.
Y ahora sabemos que uno de ellos habría podido disfrutar durante semanas de una residencia consular española mientras atendía sus asuntos particulares.
No es una cuestión de izquierdas o derechas.
Es una cuestión de privilegios.
José Bono no ocupa actualmente un gran cargo institucional. Formalmente pertenece al pasado.
Pero determinadas personas nunca abandonan realmente el poder.
Conservan teléfonos.
Conservan amistades.
Conservan contactos.
Conservan puertas que se abren.
Y, sobre todo, conservan algo infinitamente más importante: la consideración de pertenecer al club.
Bono pertenece a esa generación socialista que enlaza el viejo PSOE con el zapaterismo y que continúa apareciendo alrededor de algunas de las grandes cuestiones de nuestro tiempo.
Por eso esta historia del Consulado de Tánger no puede terminar convertida en una noticia curiosa de verano.
El Gobierno debe explicar lo sucedido.
Y el Ministerio de Asuntos Exteriores debería hacerlo aportando fechas, autorizaciones y gastos.
Porque el Consulado General de España en Tánger no pertenece al PSOE.
Ni pertenece a José Bono.
Pertenece a España.
Y los españoles tenemos derecho a saber por qué un antiguo ministro habría podido utilizar durante semanas unas instalaciones oficiales mientras atendía asuntos relacionados con su patrimonio particular.
Después podremos hablar de República Dominicana.
De Marruecos.
De Venezuela.
De sociedades.
De inmuebles.
Y de cómo un hombre que pasó buena parte de su vida profesional ocupando cargos públicos ha terminado construyendo una estructura patrimonial que continúa generando titulares.
No afirmo que exista delito.
Precisamente por eso pido que se investigue y se explique.
Porque las democracias serias no funcionan protegiendo a sus antiguos dirigentes de las preguntas incómodas.
Funcionan obligándolos a responderlas.
José Bono siempre tuvo fama de ser un hombre con suerte.
Presidió Castilla-La Mancha durante dos décadas. Fue ministro. Presidió el Congreso. Ha tenido excelentes relaciones políticas dentro y fuera de España y después de abandonar la primera línea ha desarrollado una notable actividad empresarial y patrimonial.
Y ahora descubrimos que, según lo publicado, hasta podría haber tenido alojamiento diplomático mientras reformaba su mansión de Tánger.
Algunos llaman a eso suerte.
Yo prefiero llamarlo privilegio.
Y los privilegios de quienes han ejercido el poder deben ser fiscalizados hasta el último euro.
Porque quizá la pregunta no sea únicamente cuánto patrimonio tiene José Bono.
La verdadera pregunta es otra:
¿cuánto vale haber pertenecido durante toda una vida al poder?
