La dictada por la Sección 29ª de la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 30 de julio pertenece, en mi opinión, a las segundas
Hay sentencias que resuelven un procedimiento y hay sentencias que, además, retratan una forma de comportarse. La dictada por la Sección 29ª de la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 30 de julio pertenece, en mi opinión, a las segundas.
Antonio Maestre recurrió. La Audiencia ha hablado. Y lo ha hecho de una manera suficientemente clara como para que ahora podamos hablar nosotros.
Porque aquí no estamos ante una discusión de tertulia, ni ante una discrepancia ideológica, ni ante una interpretación interesada de unas imágenes. Estamos ante unos hechos que una primera sentencia declaró probados y que la Audiencia Provincial de Madrid mantiene y acepta expresamente al resolver la apelación.
Y conviene empezar por ahí, porque durante demasiado tiempo determinados personajes de nuestra vida mediática parecen disfrutar de una suerte de patente de superioridad moral.
Los hechos se remontan al 14 de enero de 2025.
Vito Quiles trabajaba como reportero para EDATV acompañado por el cámara Juan Manuel Pulido. Ambos se encontraban en la calle Prado de Madrid para cubrir un evento. Al ver a Antonio Maestre se acercaron y le formularon una pregunta.
Eso es periodismo.
Puede gustarte la pregunta o no. Puede incomodarte el periodista. Puedes considerar que el medio es maravilloso, mediocre o detestable. Puedes responder, guardar silencio, marcharte o expresar tu desacuerdo.
Lo que no forma parte de la libertad de expresión es lo que, según los hechos probados, ocurrió después.
La sentencia recoge que Maestre reaccionó «con violencia», golpeó en el brazo a Vito Quiles, le arrebató el micrófono y lo lanzó a distancia, provocando su rotura. Después se dirigió hacia Juan Manuel Pulido, que estaba grabando lo sucedido, y le golpeó dos veces con el puño en el hombro, desestabilizándolo e interrumpiendo la grabación.
No lo digo yo.
Lo dice una resolución judicial.
Y esta distinción resulta fundamental.
Porque podemos tener opiniones durísimas sobre Antonio Maestre. Yo las tengo. Podemos juzgar políticamente sus intervenciones públicas, su manera de entender el periodismo o su forma de relacionarse dialécticamente con quienes no piensan como él. Eso pertenece al terreno de la opinión.
Pero los golpes, el micrófono arrebatado y roto y la interrupción de la grabación pertenecen ya al terreno de los hechos declarados probados por los tribunales.
Y ahora, además, confirmados en apelación.
La primera sentencia condenó a Antonio Maestre como responsable de un delito leve de daños y de dos delitos leves de maltrato de obra. Se establecieron las correspondientes multas, una indemnización a EDATV por el micrófono destrozado y el pago de las costas.
Maestre recurrió.
Estaba en su perfecto derecho.
Alegó, entre otras cuestiones, problemas relativos a la denuncia de Vito Quiles, error en la valoración de la prueba, discrepancias sobre la extensión de la pena por los daños y sobre la cuota diaria de la multa.
La Audiencia va desmontando esos argumentos.
Y existe un párrafo particularmente significativo.
La resolución señala que los denunciantes ofrecieron un testimonio coherente, coincidente en lo esencial y sin contradicciones relevantes. Pero hay algo más importante todavía: aquellas declaraciones contaban con la corroboración de una grabación en la que, según la propia sentencia, se observa a Maestre arrebatando el micrófono y lanzándolo.
La Audiencia también rechaza que la pena impuesta por los daños careciera de justificación. Considera objetivamente relevante que la actuación de Maestre obstaculizara de alguna manera la actividad informativa que estaban desarrollando los trabajadores de EDATV.
Y finalmente llega el fallo: recurso desestimado y sentencia confirmada íntegramente.
Y todavía queda una frase que elimina cualquier tentación de seguir presentando este asunto como una batalla judicial abierta:
«Contra la presente resolución no cabe recurso alguno».
Hasta aquí los hechos.
Ahora viene la opinión.
Antonio Maestre me interesa en este artículo no solamente como individuo. Me interesa como representación de algo que, desde mi punto de vista, lleva demasiado tiempo deteriorando el periodismo español.
Los Antonio Maestre —utilizo deliberadamente el plural como categoría y no como identificación de personas concretas— son aquellos que parecen considerar que existe un periodismo legítimo y otro ilegítimo dependiendo de quién lo practique.
Son quienes reparten carnés de periodistas y demócratas.
Quienes deciden quién puede preguntar y quién debe permanecer callado.
Quienes convierten al adversario ideológico en enemigo moral.
Y quienes demasiadas veces confunden la información con el activismo y la discrepancia con la descalificación.
Hay tertulianos que llevan años lanzando verbalmente algo bastante más peligroso que un micrófono: etiquetas.
«Fascista».
«Ultraderechista».
«Extremista».
«Negacionista».
Y tantos otros términos utilizados demasiadas veces no para describir, sino para expulsar al discrepante del terreno de la legitimidad.
La injuria política y la descalificación personal se han convertido en España en el sustituto barato del argumento.
Y sucede algo todavía peor: quienes más presumen de tolerancia son, en demasiadas ocasiones, quienes peor soportan ser interpelados.
La tolerancia no consiste en permitir hablar a quienes piensan como tú. Eso no tiene mérito alguno. La democracia empieza precisamente cuando tienes delante a alguien cuya opinión detestas y reconoces, pese a ello, su derecho a expresarla.
Y el periodismo comienza cuando aceptamos que también puede hacernos preguntas el periodista que no nos gusta.
Esta pregunta resulta inevitable.
Imaginemos durante unos segundos que los protagonistas hubieran intercambiado sus posiciones ideológicas.
Imaginemos a un conocido comunicador identificado con la derecha arrebatando el micrófono a un reportero de un medio progresista, lanzándolo contra el suelo y golpeando posteriormente al cámara.
¿De verdad alguien cree que el tratamiento mediático habría sido exactamente el mismo?
Yo no.
Creo que habríamos tenido horas de televisión, manifiestos, editoriales, declaraciones de asociaciones profesionales y sesudos debates acerca del «odio», la «intimidación a los periodistas» y el supuesto peligro que determinadas posiciones políticas representan para la libertad de prensa.
Y, por supuesto, habría sido legítimo denunciar semejante comportamiento.
Lo que reclamo es exactamente la misma vara de medir.
Ni más.
Ni menos.
La libertad de prensa no puede depender de la ideología del agredido.
Y llegamos a otra cuestión fundamental.
Los periodistas de EDATV estaban trabajando.
No estaban cometiendo delito alguno por acercarse a Antonio Maestre y formularle una pregunta. No existe un derecho constitucional a que únicamente nos entrevisten los periodistas que nos resultan simpáticos.
La sentencia habla expresamente de la actividad informativa que estaban desarrollando y considera que la conducta enjuiciada la obstaculizó.
Eso es especialmente importante.
Porque EDATV podrá gustar o no gustar. Como cualquier otro medio.
Pero sus periodistas tienen exactamente el mismo derecho a trabajar que los de cualquier televisión, periódico o emisora de radio.
Y defender ese principio cuando afecta a un medio con el que uno coincide resulta muy sencillo.
La prueba democrática consiste en defenderlo también para el medio que uno detesta.
Yo quiero que un periodista de izquierdas pueda preguntar a Santiago Abascal.
Quiero que un periodista conservador pueda preguntar a Pedro Sánchez.
Y quiero que un reportero de EDATV pueda preguntar a Antonio Maestre.
Después, cada uno responderá lo que considere.
Lo que jamás puede convertirse en una respuesta periodísticamente aceptable es el golpe.
Ésta es quizá la gran enseñanza que deja este episodio.
Durante años una parte de nuestra izquierda política y mediática se ha atribuido una superioridad moral que nadie le concedió en las urnas y muchísimo menos en una facultad de periodismo.
Ellos serían los tolerantes.
Ellos serían los demócratas.
Ellos serían los defensores de la diversidad.
Ellos decidirían quién es periodista, quién es activista, quién merece ser escuchado y quién debe ser apartado.
Pero la democracia no funciona así.
No hay periodistas de primera y de segunda dependiendo de su orientación ideológica.
No hay preguntas legítimas únicamente cuando las formula alguien de nuestra cuerda.
Y no existe ninguna superioridad moral capaz de sobrevivir a unos hechos como los que recoge esta sentencia.
Porque puedes escribir mil artículos sobre tolerancia.
Puedes pronunciar diez mil veces la palabra democracia.
Puedes señalar diariamente a quienes consideras extremistas.
Pero llega un día en que un periodista que no te gusta se acerca con un micrófono.
Y entonces descubrimos de qué está hecha realmente la tolerancia de cada uno.
Por eso creo que EDATV debe contemplar esta resolución no simplemente como el desenlace favorable de un procedimiento judicial.
Tiene una dimensión mayor.
La Audiencia Provincial no está diciendo que EDATV tenga razón ideológicamente. Los tribunales no están para eso.
Está haciendo algo muchísimo más importante: confirmar una sentencia que protege a unos profesionales que estaban desarrollando su actividad informativa frente a una conducta que los tribunales han considerado constitutiva de delitos leves.
Eso debería alegrar a cualquier periodista, independientemente del medio para el que trabaje.
Porque hoy fueron Vito Quiles y Juan Manuel Pulido.
Mañana puede ser cualquier otro.
Y cuando un periodista es golpeado mientras trabaja, la pregunta no debería ser a qué medio pertenece.
La pregunta debería ser por qué alguien cree tener derecho a golpearlo.
Antonio Maestre acudió a los tribunales para intentar revocar su condena.
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado su recurso.
La sentencia queda confirmada íntegramente y la propia resolución establece que no cabe recurso alguno.
No hacen falta insultos.
Ni exageraciones.
Ni inventar absolutamente nada.
Precisamente porque los hechos son suficientemente elocuentes.
Pero sí debemos extraer una conclusión política y periodística.
España necesita recuperar una cultura de la discrepancia. Necesitamos volver a comprender que quien piensa diferente no es necesariamente un enemigo. Que una pregunta incómoda sigue siendo una pregunta. Que un periodista que trabaja para un medio que detestamos continúa siendo periodista. Y que ninguna etiqueta ideológica concede patente para humillar, intimidar o agredir.
Y sobre todo debemos acabar con esa insoportable doble vara de medir que convierte una conducta en intolerable cuando la protagoniza el adversario y encuentra inmediatamente matices, silencios o justificaciones cuando procede del propio bando.
Yo no quiero esa prensa.
No quiero los comisarios ideológicos del periodismo.
No quiero que nadie decida desde una tertulia quién merece preguntar y quién merece ser señalado.
Quiero periodistas preguntando y ciudadanos respondiendo.
Quiero argumentos frente a argumentos.
Palabras frente a palabras.
Y cuando alguien sustituye la palabra por el golpe, que actúe la Justicia.
En este caso ha actuado.
Antonio Maestre recurrió. Antonio Maestre perdió. La Audiencia confirmó íntegramente la sentencia.
Y quizá ésa sea la respuesta más contundente a tantos años de superioridad moral: al final, por encima del ruido de las tertulias, de las etiquetas, de los insultos y de las trincheras mediáticas, quedan los hechos.
Y los hechos, esta vez, están escritos en una sentencia.
