Entre otros, Juan Carlos Peinado fue profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid
El magistrado Juan Carlos Peinado ha sido el encargado de abrir diligencias contra Begoña Gómez. Ahora vuelve a tomar protagonismo el Juez Peinado por esta investigación.
Peinado, también ha sido profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid.
Como titular del Juzgado 41 de Madrid, fue el encargado de imputar a una docena de periodistas pertenecientes a ocho medios de comunicación, incluyendo El Confidencial. Esto se produjo por una supuesta revelación de secretos relacionados con el sumario de los CDR.
De ahí que sea conocido por su poca amistad con los periodistas.
Sin embargo, aquella investigación no tuvo mucho recorrido según la perspectiva que planteaba el instructor. Esto se debe a que el delito en cuestión afectaba principalmente a funcionarios. Estos deben proteger la información que manejan, mientras que los periodistas, por el contrario, tienen la obligación de publicarla si es veraz y de interés público.
El magistrado Juan Carlos Peinado también ha estado involucrado en varios asuntos legales. Por ejemplo, llevó la denuncia presentada por Manos Limpias contra los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto y Guillermo Zapata. Debido a unos tuits ofensivos que ya estaban siendo juzgados por la Audiencia Nacional. Además, se ocupó de las denuncias del Ministerio de Cultura contra las productoras que inflaron la taquilla para recibir subvenciones.
Sin embargo, Peinado enfrentó dificultades en la investigación que coordinaba contra el exfutbolista del Real Madrid, Raúl González Blanco. Aunque el juez tenía la intención de cerrar el caso, la Audiencia Provincial de Madrid le obligó a continuar la instrucción. Se acusaba a Raúl de supuestamente vaciar una de sus empresas para evitar pagar una deuda de 7,17 millones de euros que le requería otra sociedad. El alto tribunal censuró al magistrado, señalando que no le correspondía pronunciarse sobre la perpetración de hechos delictivos.
Además, Peinado también llevó el caso de la grabación de una conversación entre los directivos de El Corte Inglés, Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echavarría. En ellos se revelaba presuntas irregularidades en la sucesión de Isidoro Álvarez. El magistrado archivó el procedimiento, pero ahora se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional.
