La Generalitat Valenciana ha implementado el Plan de Emergencias de la Presa de Buseo, convirtiéndola en el primer embalse público de la Comunitat en contar con un programa de este tipo. Lo anunció este jueves el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, que presentó una hoja de ruta clara: seguridad para los municipios del entorno y obras en tres fases para garantizar que una infraestructura centenaria aguante lo que venga.
El plan incluye un sistema completo de alertas, sirenas y evacuaciones, con formaciones coordinadas desde la Conselleria de Emergencias y simulacros realizados en marzo en los municipios del ámbito de la presa: Sot de Chera, Chulilla, Gestalgar, Bugarra y Pedralba. Todo ello respaldado, según Barrachina, por "todas las inversiones indispensables para que cuando vuelvan las lluvias afrontemos cualquier situación de emergencia con las mayores garantías".
En paralelo, la Generalitat ya ha ejecutado una primera fase de obras por 6,9 millones de euros que reparó los daños que la DANA de octubre de 2024 provocó en la presa. Este verano se contratará una segunda fase, centrada en un anillo perimetral de sujeción que los expertos consideran "indispensable" para reforzar la estabilidad del embalse ante episodios hidrológicos extremos. La intención es que esté acabada el 1 de octubre, inicio del año hidrológico. La inversión total prevista asciende a 35 millones de euros.
Mientras la Generalitat actúa, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene pendiente hacer lo mismo en los otros 18 embalses de la Comunitat que dependen de la administración central. Barrachina fue directo: "Si nosotros hemos sido capaces de tenerlo en dos años y medio", el Ejecutivo central, con mayor capacidad, debe agilizarlo. La Generalitat ya ha ofrecido incluso asumir la titularidad de Buseo si el Estado lo considera conveniente.
Queda por definir una tercera fase que abordará la solución definitiva sobre la presa. Barrachina ha avanzado que la Generalitat escuchará al Estado y a los ayuntamientos afectados para encontrar una salida que garantice la seguridad a largo plazo sin dañar el entorno natural. El trabajo está en marcha. Lo que falta por ver es si el gobierno central esta vez, se suma al ritmo que marca Valencia.
