Los beneficios hacia los inmigrantes ilegales siguen: solo pagarán el 40% del precio de los medicamentos
porEDATV
actualidad
El nuevo decreto permite que inmigrantes sin residencia legal dejen de pagar tras superar los 8,23 euros al mes
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El Gobierno ha decidido ampliar las ventajas sanitarias para los extranjeros sin residencia legal en España. La medida aparece recogida en el nuevo Real Decreto-ley 11/2026 publicado en el BOE.
La reforma introduce, por primera vez, un límite máximo mensual al copago farmacéutico de este colectivo. A partir de ahora, no pagarán más de 8,23 euros al mes.
Hasta este momento, los inmigrantes en situación irregular abonaban el 40% del precio de los medicamentos sin ningún tope acumulado. Ese sistema fue aprobado en 2018 tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
Con el nuevo cambio, el Ejecutivo equipara a los extranjeros sin residencia legal con los trabajadores españoles de menores ingresos. Ambos tendrán exactamente el mismo límite farmacéutico mensual.
El nuevo esquema fija además diferentes escalas según la renta. Los ciudadanos con ingresos medios podrán pagar hasta 18,52 euros mensuales, mientras otros alcanzarán los 61,75 euros.
El Gobierno amplía la cobertura farmacéutica a extranjeros irregulares
La decisión ha generado malestar político porque el Gobierno evitó mencionar esta novedad durante la presentación oficial de la reforma sanitaria. Ni el Ministerio de Sanidad ni Moncloa destacaron públicamente este beneficio.
Sanidad defendió el decreto como una medida destinada a “blindar la equidad” y proteger a las rentas más bajas. Sin embargo, el límite específico para inmigrantes irregulares quedó oculto en el texto legal.
El coste total estimado de toda la reforma asciende a 265,63 millones de euros. Aun así, el Presidente no aclara cuánto dinero supondrá esta nueva cobertura farmacéutica.
Tampoco se detalla qué parte deberán asumir las comunidades autónomas, responsables de financiar gran parte del gasto sanitario. Varias autonomías llevan años denunciando una presión creciente sobre sus sistemas públicos.
La reforma llega además en pleno debate sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno. Hace apenas dos meses entró en vigor otra norma que consolidó su acceso estable a la sanidad pública.
Ese decreto eliminó incluso la caducidad de los documentos sanitarios para extranjeros sin residencia legal. El derecho permanecerá activo hasta obtener cobertura por otra vía.
Uno de los aspectos más polémicos apareció en el dictamen del Consejo de Estado. La memoria económica vinculaba la medida sanitaria a más de 1,2 millones de personas.
Esa cifra reabrió el debate sobre el verdadero volumen de inmigración irregular en España. También aumentó las dudas sobre el impacto económico que soportan las autonomías.
El resultado final de la reforma es claro. Un extranjero sin residencia legal dejará de pagar medicamentos cuando alcance únicamente los 8,23 euros mensuales, aunque el tratamiento tenga un coste muy superior.
