La Policía detiene a cinco personas por una red que cobraba hasta 10.000 euros por cruzar de Argelia a España
Un duro golpe contra las mafias de la inmigración ilegal. Una operación conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera ha desarticulado una red que introducía migrantes en la Comunitat Valenciana mediante lanchas rápidas procedentes de Argelia. La actuación se ha saldado con cinco detenidos y la intervención de dos embarcaciones utilizadas para el transporte de personas. Los implicados están acusados, además, de herir de gravedad a un menor de 15 años al que la propia organización obligó a saltar al mar.
Obligados a lanzarse al agua sin saber nadar
El episodio más grave refleja la crueldad de la trama. La investigación, en la que participaron la UCRIF III de las Brigadas de Extranjería y Fronteras de Alicante y Murcia junto al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, arrancó a principios de julio tras la llegada a las costas de Águilas de una lancha con al menos 24 personas de origen argelino, cuatro de ellas menores. Días después, los agentes detectaron en alta mar una embarcación que iba a ser abastecida de combustible mediante el método conocido como "petaqueo". Al verse descubiertos, los tripulantes obligaron a los ocupantes a lanzarse al agua sin elementos de supervivencia y huyeron a gran velocidad, dejándolos en mar abierto.
Un menor herido por la hélice de un motor
La huida provocó una tragedia evitable. Durante la maniobra, la lancha efectuó un giro brusco y la hélice de uno de sus motores alcanzó al menor de 15 años. El adolescente sufrió heridas graves en el pectoral derecho y en ambas extremidades y, tras ser rescatado, tuvo que ser trasladado de urgencia e intervenido en un hospital. El operativo dejó además una escena especialmente delicada: muchos de los ocupantes tuvieron que recibir maniobras cardiorrespiratorias tras tragar agua, ya que no sabían nadar, y algunos presentaban quemaduras por el contacto de la gasolina derramada con el agua salada.
Persecución en alta mar y detenciones
La respuesta policial fue contundente. El patrullero de Aduanas de Alicante mantuvo la persecución en mar abierto y en condiciones meteorológicas adversas hasta detener a los cuatro hombres que iban a cargo de la embarcación. Dos de ellos ingresaron en prisión provisional tras pasar a disposición judicial en Alicante. La investigación condujo después hasta el presunto encargado de suministrar el combustible en alta mar, que también fue arrestado, elevando a cinco el número total de detenidos.
Armas y embarcaciones en los registros
Los registros destaparon el músculo logístico de la red. En una vivienda de Alicante los agentes localizaron un revólver del calibre 8 milímetros y diez cartuchos de munición, mientras que en una finca de Mutxamel intervinieron una pistola de balines, otra embarcación —una lancha semirrígida con motor de gran potencia—, además de la furgoneta y el remolque para transportarla. La Policía atribuye a los investigados delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, contrabando, lesiones, desobediencia grave y tenencia de sustancias inflamables.
Hasta 10.000 euros por persona
El negocio de la trama era tan lucrativo como despiadado. Según la investigación, la organización cobraba a cada viajero entre 6.000 y 10.000 euros por la travesía desde la costa argelina hasta España en estas lanchas rápidas. Los pagos se efectuaban en metálico a través de familiares o mediante el sistema informal de transferencia de fondos conocido como "hawala". En una sola embarcación podían viajar más de 20 personas, hacinadas y sin garantías de seguridad.
La operación desmantela una estructura que no dudaba en poner en riesgo vidas humanas con tal de seguir traficando. Los investigadores sostienen que la red aprovechaba los viajes para transportar también sustancias estupefacientes y disponía de medios técnicos avanzados, incluida comunicación por satélite y una lancha valorada en más de 160.000 euros. Un entramado sofisticado y peligroso que, gracias al trabajo coordinado de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, ha dejado de operar en las costas de la Comunitat.
