El Código de Buen Gobierno aprobado durante su mandato obliga a incorporar al patrimonio público los regalos institucionales de especial valor. Anticorrupción pide investigar al expresidente por malversación
La explicación de José Luis Rodríguez Zapatero sobre las joyas valoradas en 1.323.915 euros encontradas en su despacho amenaza con convertirse en un nuevo problema judicial para el expresidente socialista. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez José Luis Calama que amplíe la investigación por un presunto delito de malversación, el quinto que podría atribuirse al antiguo jefe del Ejecutivo.
La clave está en una norma aprobada por su propio Gobierno. El Código de Buen Gobierno de 2005 establecía que los obsequios institucionales de especial relevancia debían incorporarse al patrimonio del Estado. Una obligación que ahora podría volverse contra Zapatero.
Zapatero contra las cuerdas
Su defensa sostiene que las piezas más valiosas, elaboradas con esmeraldas, rubíes y zafiros, fueron un regalo del rey Abdullah de Arabia Saudí durante su visita oficial a España en junio de 2007.
Sin embargo, esa justificación abre una cuestión determinante: si las joyas fueron entregadas al presidente del Gobierno por razón de su cargo, ¿por qué no acabaron en manos del Estado?
El documento de 2012 que puede complicar a Zapatero
Anticorrupción centra sus sospechas en el acta del 1 de marzo de 2012, que recoge los regalos institucionales entregados a Patrimonio del Estado tras los mandatos socialistas.
En ese inventario aparece un reloj dorado con esmeraldas regalado por el mismo monarca saudí, pero no figuran las joyas investigadas.
El juez Calama ha reclamado el documento oficial antes de decidir si incorpora la malversación a la causa.
La Fiscalía considera que la presunta apropiación podría haberse consumado en 2012 y que, por tanto, el posible delito todavía no habría prescrito.
De confirmarse la calificación agravada planteada por Anticorrupción, las penas previstas alcanzarían los ocho años de prisión y hasta veinte de inhabilitación absoluta.
El caso, surgido de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra, sitúa ahora el foco sobre una cuestión especialmente comprometida para Zapatero: el destino de los regalos recibidos mientras presidía España.
