Yolanda Díaz se cuela en una marcha ilegal y desafía al Gobierno húngaro

Este sábado, Budapest fue escenario de un nuevo desafío a la legalidad impulsado desde fuera de sus fronteras. Pese a la prohibición expresa de las autoridades húngaras, decenas de miles de personas participaron en el 30º Desfile del Orgullo LGTBI.

La marcha fue convocada por organizaciones internacionales que desconocieron la legislación vigente.

El Gobierno de  Viktor Orbán había dejado clara su posición. Bajo la nueva ley de protección de menores, este tipo de concentraciones públicas están expresamente prohibidas.

Aun así, la presión internacional y la presencia de representantes extranjeros buscaban imponer una agenda ideológica contraria a la soberanía húngara.

Entre los asistentes no solo hubo activistas. También acudieron diputados europeos y miembros de gobiernos extranjeros. Una de las figuras más destacadas fue la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz.

Yolanda Díaz, fuera de lugar en Budapest

La ministra de Trabajo no dudó en viajar a Budapest para participar en una manifestación ilegal. Junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se posicionó contra un gobierno democrático elegido por mayoría.

Su presencia fue una clara injerencia en los asuntos internos de Hungría.

En lugar de respetar la ley del país anfitrión, Díaz optó por alentar una marcha prohibida. “Estamos aquí desde el Gobierno de España”, declaró, atribuyéndose una representación institucional que nadie había solicitado. Sus palabras dejan en evidencia un desprecio preocupante por la legalidad ajena.

Lejos de actuar con mesura, Díaz acusó al primer ministro Orbán de vulnerar derechos humanos. Ignoró por completo que la legislación húngara está orientada a proteger a los menores, no a reprimir a nadie.

Comparó incluso la situación con “marchas nazis”, un paralelismo absolutamente injustificado y ofensivo.

Orbán defiende la legalidad y la infancia

El primer ministro Viktor Orbán ha sido tajante: no se permitirá la promoción de ideologías sexuales dirigidas a menores.

Así lo establece la nueva ley húngara, respaldada por la mayoría parlamentaria. La prioridad del Gobierno es preservar la inocencia de la infancia frente a contenidos que considera inapropiados.

Orbán ha rechazado cualquier uso de la violencia. Ha insistido en que los ciudadanos tienen derecho a opinar, pero siempre dentro del marco de la ley. “Por encima de cualquier derecho está el derecho de los niños”, subrayó en una entrevista.

Frente a las provocaciones extranjeras, el mandatario húngaro ha mantenido la firmeza. Advirtió de “consecuencias legales” para los manifestantes, incluidos los representantes políticos.

Según la normativa, los participantes podrían ser sancionados con multas o incluso penas de cárcel.

Activistas y políticos ajenos a la realidad húngara

Las organizaciones convocantes insisten en hablar de “récord de asistencia”. Sin embargo, sus cifras distan mucho de las oficiales.

Mientras ellos hablan de 100.000 personas, la policía húngara contabiliza solo 35.000. La discrepancia revela la voluntad de inflar el impacto mediático.

La marcha concluyó con discursos y actuaciones musicales. Todo bajo la premisa de una supuesta defensa de derechos. Pero el fondo es otro: se trató de una presión organizada para atacar las políticas internas de un país soberano.

El discurso de Díaz estuvo cargado de consignas vacías. “El odio se aprende”, dijo. Pero ignoró que la ley no prohíbe el amor, sino la manipulación ideológica dirigida a menores.

Su relato emocional pretende tapar una acción que contradice los principios diplomáticos más básicos.

Una injerencia que pone en cuestión a España

La participación de una vicepresidenta española en una manifestación ilegal es un hecho grave. No solo por la desobediencia explícita, sino por las implicaciones internacionales.

Yolanda Díaz ha situado al Gobierno español en una posición incómoda ante uno de sus socios europeos.

No es la primera vez que dirigentes progresistas intentan exportar su ideología. Pero hacerlo en un país donde rige una ley democrática aprobada por el Parlamento es una falta de respeto institucional.

Hungría no está bajo dictadura, sino bajo el mandato de una mayoría elegida libremente.

La ciudadanía húngara ha respaldado las políticas de Orbán en sucesivos comicios. Sus leyes están respaldadas por su Constitución. Pese a ello, la izquierda europea, con Yolanda Díaz a la cabeza, insiste en señalarles como intolerantes.

El Gobierno de Hungría ha demostrado firmeza y serenidad. Frente a una manifestación ilegal y una injerencia diplomática sin precedentes, ha mantenido su compromiso con la legalidad y la protección de los menores.

Yolanda Díaz, en cambio, ha optado por el espectáculo. Ha convertido un acto ilegal en una oportunidad para lanzar consignas vacías, ignorando la legalidad y el respeto institucional. Su actitud no solo deja mal a España, sino que erosiona la credibilidad de las instituciones europeas.

Mientras en Budapest se defendía el derecho de los niños, en Bruselas se aplaudía la provocación. Viktor Orbán, sin embargo, no se ha dejado presionar. Su mensaje ha sido claro: Hungría es un país soberano y sus leyes se respetan.