Las asociaciones fiscales denuncian coacciones y exigen respeto al derecho de huelga ante la orden del fiscal general
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha desatado un nuevo conflicto institucional. Lo ha hecho a pocas horas de la gran manifestación judicial contra la conocida como ‘Ley Bolaños’.
En un escrito enviado este viernes, ha rechazado reconocer el derecho de huelga de los fiscales. El documento fue remitido a las dos asociaciones convocantes del paro.
Se trata de la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). En él, García Ortiz asegura que la Fiscalía no tiene competencias para autorizar huelgas ni establecer servicios mínimos.
Lo más llamativo del escrito es que, pese a negar capacidad para fijar servicios mínimos, García Ortiz insta a que se garantice la asistencia a determinados actos judiciales.
Bajo la fórmula de un “recuerdo”, exige a los fiscales jefes que velen por todas las actuaciones que puedan afectar a los ciudadanos.
También pide que se cumplan los señalamientos fijados antes de los días de paro. A juicio de AF y APIF, esta directriz es una contradicción inaceptable. “No se puede negar competencia para regular servicios mínimos y a la vez describirlos tan detalladamente”, señalan en un comunicado conjunto.
Ambas asociaciones denuncian que esta postura impide de facto el ejercicio del derecho de huelga. Y recuerdan que este derecho está reconocido en la Constitución Española. “No se puede condicionar su ejercicio al criterio del juez que señale una vista”, afirman.
Los fiscales también acusan al fiscal general de actuar con una doble vara de medir. Recuerdan que en 2018, cuando se convocó otra huelga, la Fiscalía General sí reguló servicios mínimos.
Entonces, una de las asociaciones convocantes era la misma a la que pertenecía García Ortiz.
Para las asociaciones, el cambio de criterio es sospechoso. Consideran que el escrito remitido busca desmotivar la protesta y provocar miedo entre los fiscales.
Denuncian que, en el mismo documento, se pide informar de posibles incidencias a la inspección fiscal.
A su juicio, esto puede abrir la puerta a represalias. “Es una maniobra para sembrar la zozobra y el desaliento entre los compañeros”, apuntan desde AF y APIF.
Ambas asociaciones han decidido impugnar la decisión del fiscal general. Lo harán en primer lugar mediante un recurso de reposición. El objetivo es evitar lo que consideran un atropello a un derecho básico.
Insisten en que la huelga es una medida legítima y proporcionada. Una protesta necesaria para defender tanto sus condiciones profesionales como la independencia judicial. “No vamos a aceptar limitaciones inconstitucionales”, avisan.
Los convocantes subrayan que el artículo 28.2 de la Constitución reconoce este derecho. Añaden que no se puede aplicar una interpretación restrictiva, aunque no exista una normativa específica para fiscales y jueces.
Recuerdan además que el Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto en 1981. La sentencia 11/1981 establece que se trata de un derecho individual. Esto implica que cada fiscal puede ejercerlo libremente, sin autorización ni comunicación previa.
Por último, las asociaciones lanzan una advertencia clara. Cualquier intento de coaccionar o condicionar la participación en la huelga será considerado una infracción muy grave.
Así lo establece la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
Las consecuencias podrían ir desde sanciones económicas hasta la nulidad de cualquier represalia disciplinaria. Los fiscales aseguran estar decididos a llegar hasta el final para proteger sus derechos.
El enfrentamiento entre la cúpula del Ministerio Fiscal y sus principales asociaciones está servido. A falta de solo unos días para los paros, la tensión no deja de crecer.
