Europa Press Villarejo condenado a dos años de cárcel por un delito de revelación de secretos
El tribunal descarta que Villarejo actuara como funcionario, afirmando que sus tareas eran propias de un detective privado y no de un comisario
La Audiencia Nacional ha condenado a José Manuel Villarejo a dos años de prisión por un delito de revelación de secretos cometido en 2011. Esta sentencia se enmarca en el intento de Sacyr y Pemex por controlar Repsol, donde Villarejo actuó desde su empresa privada, no como policía.
El tribunal descarta que Villarejo actuara como funcionario, afirmando que sus tareas eran propias de un detective privado y no de un comisario. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba hasta 40 años de cárcel, pero solo ha sido condenado por revelación de secretos, y no por cohecho ni falsedad.
Su socio Rafael Redondo ha recibido la misma condena de dos años. Ninguno ingresará a prisión por carecer de antecedentes y ser penas mínimas.
El resto de los imputados, como ex directivos de Repsol y CaixaBank, han quedado absueltos al no probarse su participación en los hechos. Entre ellos estaban Rafael Araujo y Rafael Girona, responsables de seguridad de Repsol, y Miguel Ángel Fernández Rancaño, de CaixaBank.
Villarejo suma otra condena leve en su largo historial judicial | Europa Press
A todos se les atribuían delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental, pero ninguno ha sido considerado responsable penalmente.
La sentencia de 651 páginas afirma que Villarejo actuó desde Cenyt, su empresa privada, sin encargo institucional ni beneficio como policía. El tribunal determina que los pagos recibidos respondían a servicios prestados de forma mercantil, no a sobornos o favores desde lo público.
Por tanto, se excluye el delito de cohecho, ya que no existió retribución por funciones propias del cargo ni intervención institucional. Villarejo accedió a llamadas del presidente de Sacyr, Luis del Rivero, su esposa y otros, pero no consta que diera los datos a Repsol.
El objetivo de la vigilancia era obtener información para frenar la ofensiva empresarial de Sacyr y Pemex contra la dirección de Repsol. Parte del encargo incluía justificar ausencias de directivos o elaborar informes sobre movimientos financieros, según documentos intervenidos.
Las tareas eran propias del espionaje corporativo, como seguir a personas o rastrear comunicaciones, sin relación con la Policía Nacional. Los jueces insisten en que, aunque Villarejo estaba en activo, sus superiores desconocían los detalles y él actuaba como empresario.
El caso fue conocido tras la publicación de los audios y agendas del ex comisario, donde figuraban referencias a clientes y operaciones. La Sala Penal rechaza que las facturas fueran falsas. Considera que eran reales, pero reflejaban los pagos de forma parcial e imprecisa.
No hay pruebas de que los documentos falsificaran información esencial, por lo que el delito de falsedad documental queda descartado. La resolución señala que esas facturas no inducen a error sobre la existencia de los servicios ni sobre el vínculo comercial real.
En ellas aparecen conceptos generales y datos omitidos, lo que genera ambigüedad, pero no alteración dolosa de la verdad. Con esta sentencia, Villarejo suma otra condena leve en su largo historial judicial, donde aún hay causas más graves pendientes.
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