La declaración de Víctor de Aldama ante el juez ha puesto en el centro del debate a Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias. Aldama, quien se encuentra en prisión preventiva por fraude de hidrocarburos, ofreció detalles que salpican gravemente al dirigente socialista. Según su testimonio, el entonces presidente canario pidió 50.000 euros en el contexto de la trama de contratos de mascarillas.
Aldama no solo mencionó a Torres, también acusó a varios miembros clave del PSOE, incluyendo a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Según su declaración, pagó grandes sumas de dinero, llegando a 400.000 euros a Ábalos y 250.000 euros a García.
Lo más inquietante de su testimonio es la mención de Torres, quien presuntamente habría solicitado 50.000 euros para él. Una acusación que, de ser cierta, podría tener repercusiones devastadoras para la imagen del presidente canario y del gobierno en general.
Lo que parecía un simple caso de adjudicación de contratos se ha transformado en un escándalo que podría implicar a varios pesos pesados del PSOE
El relato de Aldama pone en evidencia la opacidad que ha rodeado los contratos públicos durante la pandemia. Según su versión, las peticiones no se limitaban a dinero. Si no que incluían favores como alquileres de propiedades y vacaciones, hechos que complican aún más la trama.
Lo que parecía un simple caso de adjudicación de contratos se ha transformado en un escándalo que podría implicar a varios pesos pesados del PSOE.
La revelación de que Aldama rechazó la solicitud de dinero para Torres añade un matiz de tensiones internas dentro de la trama. Aldama, en su declaración, recordó que la cantidad solicitada fue excesiva. Indicando que había llegado al límite de lo que podía aceptar: “Yo no soy el Banco de España, ya os estáis pasando”.
Este momento resalta las dificultades a las que se enfrentó Aldama al lidiar con las demandas de los políticos involucrados.
Además de la mencionada solicitud para Torres, Aldama también dejó claro que había presenciado otros pagos, como el que hizo llegar a Cerdán. Supuestamente en un bar frente a la sede del PSOE, lo que pone de manifiesto la cercanía y el nivel de conocimiento de los implicados en este entramado.
Este caso abre múltiples interrogantes sobre la transparencia y la ética en el Gobierno de Sánchez. El hecho de que varios miembros de su gabinete estén siendo investigados por presuntas prácticas corruptas pone en duda el compromiso de este Ejecutivo con la lucha contra la corrupción.
La UCO ha investigado a Aldama por su papel en la trama de hidrocarburos y su conexión con contratos de suministros durante la pandemia
Aunque Sánchez ha rechazado las acusaciones y ha mantenido su postura de confianza en sus colaboradores. La verdad sobre estos pagos podría resultar mucho más compleja.
Las declaraciones de Aldama ante el juez Ismael Moreno ponen al descubierto una red de pagos y favores. Que, de confirmarse, pondrían en aprietos al Gobierno.
