El veto de Sánchez a Polonia deja a Talgo en manos del PNV

El Gobierno de Sánchez ha vetado la compra de Talgo por parte del fondo estatal polaco PFR, pese a que su oferta era más ventajosa.

La empresa polaca, propietaria del fabricante de trenes Pesa, ofrecía 5 euros por acción para adquirir el 100 % de la compañía.

En cambio, la propuesta de Sidenor, apoyada por el PNV, solo contemplaba la compra del 29,76 % a 4,15 euros fijos por acción. Además de 0,65 euros adicionales si se cumplían ciertos objetivos en 2027 y 2028.

El plan de PFR no solo ofrecía un mayor respaldo financiero, sino que también implicaba la integración con Pesa. Ambas empresas tienen especializaciones complementarias: Pesa se enfoca en metros y tranvías, mientras que Talgo es un referente en alta velocidad.

Además, el gobierno polaco ya tiene un acuerdo con Talgo para el desarrollo de esta tecnología en su país. La unión con Pesa habría impulsado la expansión de Talgo en Europa del Este, con más inversión y capacidad productiva.

A pesar de estos beneficios, la oferta polaca fue rechazada en los últimos días tras una visita del ministro Carlos Cuerpo a Polonia.

Según fuentes conocedoras, el motivo principal del veto fue la participación del gobierno polaco en el fondo inversor. Esto contrastaría con la intención del Ejecutivo español de favorecer a Sidenor. La empresa incluye mantener 700 empleos en la planta de Rivabellosa (Álava) y trasladar la sede de Talgo de Madrid al País Vasco.

Presión para favorecer a Sidenor y la SEPI

El Gobierno español habría instado a Sidenor a mejorar su oferta hasta los 5 euros por acción, ajustando los incentivos variables.

No obstante, esta operación solo cubre una parte de la compañía. Actualmente, el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, estaría presionando para que la SEPI adquiera el porcentaje restante de la empresa.

Esta maniobra permitiría al Gobierno aumentar su control sobre Talgo y colocar a afines en el consejo de administración.

Uno de los factores que podrían influir en la negociación es la sanción de 116 millones de euros impuesta a Talgo por los problemas con los trenes Avril.

Renfe, empresa pública, podría utilizar esta multa como herramienta para condicionar el futuro de la compañía ferroviaria.

Fuentes del sector consideran que esta situación allana el camino para la entrada de la SEPI en Talgo. Algo que reforzaría el control gubernamental sobre la empresa.

La venta a Sidenor no resuelve el problema de Talgo, que es la necesidad de un inversor que adquiera el 100 % de la compañía.

El actual accionista mayoritario, el fondo Trilantic, buscaba vender su participación desde 2019 y había intentado hacerlo en 2022 sin éxito.

Pesa y la india Jupiter Wagons, con capital suficiente, podrían haber sido opciones viables, pero la política gubernamental ha frenado cualquier posibilidad de venta internacional.

Mientras tanto, la imagen de Talgo se ve perjudicada por la incertidumbre sobre su futuro. A pesar de la situación, la empresa mantiene resultados positivos.

En los primeros nueve meses de 2024, sus ingresos crecieron un 5,8 %, alcanzando los 497,8 millones de euros. Su resultado operativo aumentó un 71,7 %, llegando a 57,7 millones, y su cartera de pedidos suma 3.987 millones de euros, lo que indica buenas perspectivas de negocio.

Si el Gobierno quiere justificar su intervención en Talgo, podría argumentar que se trata de una empresa estratégica. Sin embargo, algunos expertos cuestionan esta afirmación.

Según el analista César Sánchez-Grande, el carácter estratégico de Talgo es "cero". Además, añade que su tecnología de ancho variable también está licenciada a CAF por Adif.

Esta postura refuerza la idea de que la decisión gubernamental responde más a intereses políticos que a criterios empresariales.