El empresario confesó sobornos a cambio de su excarcelación mientras el fiscal general quedaba al margen del acuerdo
El empresario Víctor de Aldama, señalado como pieza clave en la trama Koldo y el fraude de hidrocarburos, salió de prisión el 21 de noviembre.
Su liberación fue resultado de un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que le permitió evitar la cárcel a cambio de información sobre supuestos sobornos.
Según revelaciones periodísticas, Aldama aportó detalles sobre pagos ilícitos a figuras del Gobierno y del PSOE.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no fue informado de este acuerdo, según fuentes cercanas a la investigación.
Estas mismas fuentes sostienen que se omitió deliberadamente su conocimiento debido a su presunta afinidad con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se argumenta que, de haber sido notificado, García Ortiz podría haber bloqueado el pacto alcanzado.
El fiscal general solo se enteró del acuerdo después de la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional. Horas después de su testimonio, el empresario fue liberado, lo que generó sorpresa y enojo en García Ortiz.
Según informaciones periodísticas, este reclamó explicaciones al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, cuestionando por qué no se le había informado previamente.
El pacto entre Aldama y la Fiscalía se fraguó en reuniones confidenciales, según fuentes consultadas. En estos encuentros participaron Luzón, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, y un alto mando de la UCO.
En estas conversaciones, Choclán manifestó la disposición de su cliente a colaborar con la justicia a cambio de su excarcelación.
El abogado aseguró que Aldama tenía documentos relevantes sobre una red de corrupción que involucraba a miembros del Ejecutivo.
Según su testimonio, estos funcionarios habrían recibido comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. La reunión clave tuvo lugar en la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid.
En ese encuentro, se planteó la posibilidad de que Aldama declarara a cambio de beneficios procesales.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó entonces la opinión de un mando de la UCO que dirigía la investigación.
La respuesta del oficial fue determinante: la Guardia Civil ya había analizado parte del material incautado y tenía pruebas contundentes.
Sin embargo, consideraron que cualquier información adicional proporcionada por Aldama sería beneficiosa para esclarecer el caso.
A raíz de esta consulta, la Fiscalía Anticorrupción y el abogado del empresario cerraron el acuerdo que permitió la declaración de Aldama.
Este testimonio incluyó autoinculpaciones sobre su papel en la trama de corrupción vinculada a contratos públicos.
Pese a la controversia, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han negado que existiera un pacto formal previo y han minimizado la supuesta bronca de García Ortiz a Luzón.
Desde el ámbito judicial, se ha calificado como inusual que Aldama declarara ante el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo.
Posteriormente, el magistrado Santiago Pedraz ordenó su liberación provisional. Esta aparente contradicción se explica porque el acuerdo fue cerrado con la Fiscalía y no con los jueces que dirigen la causa.
En este proceso, el fiscal anticorrupción encargado de ambas investigaciones es Luis Pastor, subordinado de Luzón.
La excarcelación de Aldama ha generado debate en el ámbito político y judicial. Su colaboración con la justicia podría derivar en nuevas imputaciones dentro del Gobierno y el PSOE.
Además, se cuestiona el papel de la Fiscalía y su falta de transparencia en la gestión del caso.
Fuentes cercanas al proceso advierten que esta investigación aún no ha terminado. Se espera que nuevas pruebas y testimonios salgan a la luz en los próximos meses, lo que podría afectar a altos cargos del Ejecutivo.
Mientras tanto, la polémica en torno al fiscal general y su falta de información sigue generando interrogantes sobre la independencia del Ministerio Público.
