En los últimos días, la controversia en torno a la denominada Unidad Valenciana de Emergencias (UVE). Que en realidad corresponde a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias, ha puesto en evidencia una serie de acusaciones y defensas que merecen un análisis crítico.
Mientras, el PSOE y Compromís defendían su existencia como un avance en la gestión de emergencias en la Comunidad Valenciana. Apuntan a que esta agencia era, en esencia, un organismo fantasma con escasa o nula capacidad operativa.
Según diversos informes, la UVE no solo carecía de recursos humanos y materiales significativos. Si no que su presupuesto era mínimo e insuficiente para realizar cualquier función efectiva.
Para el ejercicio de 2023, el presupuesto del Consell de Ximo Puig no incluía ni un solo euro destinado a esta agencia. Hasta marzo de ese año, es decir, a tan solo dos meses de las elecciones autonómicas.
Este hecho plantea la pregunta: si la UVE era realmente necesaria, ¿por qué el gobierno no la financió adecuadamente desde el principio?
La creación de la UVE, que prometía coordinar la respuesta a emergencias, se convirtió en un tema de discusión.
La plataforma de Bomberas y Bomberos de la Comunitat Valenciana, que representa a todos los sindicatos del sector. Se opuso a este proyecto, argumentando que sus funciones ya eran realizadas de manera eficiente por los bomberos de los consorcios provinciales y ayuntamientos. Consideraban que la UVE no solo duplicaría funciones, sino que podría generar una descoordinación innecesaria en la atención de emergencias.
