La Abogacía del Estado, defensa del fiscal general de Estado, pidió limitar las informaciones
Ángel Hurtado, juez del Tribunal Supremo que dirige la causa contra el fiscal García Ortiz, ha respondido con un duro golpe a la petición de la defensa del fiscal general.
La Abogacía del Estado, defensa de García Ortiz, pidió abrir una pieza separada para investigar las filtraciones que rodean a la causa contra García Ortiz. Sin embargo, el juez ha descartado esta petición, ya que entiende que esa queja de la defensa del fiscal general de Estado no está justificada.
De hecho, considera que la Justicia en este caso debe poner "coto" a las informaciones. Además, pide respeto al derecho "a la libertad de expresión".
En su auto, el juez señala que no se puede atribuir a las acusaciones que exista un "juicio paralelo". Pero vuelve a zarandear a la defensa de García Ortiz:
"Por lo demás, aun aceptando que las acusaciones fueran proporcionando información a distintos medios, no se nos da razón para atribuirlas a ellas ese sesgo. Cuando tal circunstancia pudiera ser de exclusiva responsabilidad del medio de que se trate".
También detalla que "nada hay que temer" a la proliferación de un juicio mediático, puesto que este no tiene "ninguna incidencia" sobre el procedimiento judicial.
Hurtado reprocha también que en su escrito solo se haga alusión a la publicación de informaciones poco favorables para el investigado. Obviando, así, la publicación de los mismos datos en otros medios. De esta manera, indica el magistrado el hecho de que se intente poner el peso sobre las acusaciones populares sin aportar un "dato objetivo para una concreta atribución a persona alguna".
La declaración como imputado del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado miércoles en el Tribunal Supremo ha generado una fuerte reacción en el Ministerio Público.
Trece fiscales de la Junta de Fiscales de Sala han remitido una carta a García Ortiz solicitando su dimisión "imprescindible" ante el proceso judicial que enfrenta por presunta revelación de secretos.
El escrito, expresa la preocupación de los firmantes por la imagen y credibilidad de la institución.
Consideran que la negativa del fiscal general a responder a las preguntas del magistrado instructor, Ángel Hurtado, es una actitud impropia. Además, advierten que el avance de la investigación está causando un "daño intolerable" al Ministerio Público.
Motivos de la exigencia de dimisión
En la carta, los fiscales explican que los nuevos acontecimientos en la causa contra García Ortiz hacen "imprescindible" su dimisión.
Consideran que la institución debe mantenerse ajena a cualquier sombra de duda y que la permanencia del fiscal general en el cargo compromete su imparcialidad.
Entre los firmantes figuran figuras destacadas del Ministerio Público. Dos exfiscales generales del Estado encabezan la lista: Consuelo Madrigal (2015-2016) y María José Segarra (2018-2020).
Segarra pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma asociación a la que está vinculado García Ortiz. Además, han suscrito el documento Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Rosa Ana Morán, Javier Huete, Antonio Narváez, Manuel Moix, Elvira Tejada, Pilar Martín Nájera y José Miguel de la Rosa.
