
El ultimátum de los socios de Sánchez lo deja contra las cuerdas
Sumar, Compromís, Más Madrid y Podemos, han lanzado un mensaje unánime y contundente: “Si hay financiación ilegal, adiós”.
Pedro Sánchez atraviesa su momento más crítico desde que llegó a La Moncloa. Sus principales socios parlamentarios, incluidos Sumar, Compromís, Más Madrid y Podemos, han lanzado un mensaje unánime y contundente: “Si hay financiación ilegal, adiós”.
La amenaza llega tras los últimos informes de la Guardia Civil. Que señalan al PSOE como beneficiario de una presunta trama criminal de corrupción dirigida por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García desde 2018.
El caso ha desatado una tormenta política. El informe de la UCO, entregado al Supremo, habla de una “organización criminal” que podría haber desviado dinero público para financiar al PSOE.
Empresarios como Carmen Pano y Víctor de Aldama han declarado que entregaron dinero en efectivo en bolsas y sobres en la sede de Ferraz. Aunque inicialmente se consideraban relatos inverosímiles, la reciente imputación de Cerdán ha cambiado el clima en el Congreso.

La desconfianza se ha extendido como un reguero de pólvora. Socios de investidura, como Compromís o la Chunta Aragonesista, han dejado claro que una moción de confianza, como la que solicitaba Odón Elorza.
“La legislatura está muerta”, afirmó una diputada de Podemos. Más allá de la retórica, sus votos son decisivos: una abstención en bloque podría tumbar a Sánchez.
Al mismo tiempo, se ha aprobado en el Congreso un debate inédito para forzar al presidente a comparecer antes del 9 de julio. Aunque el Ejecutivo buscaba encuadrar la intervención en clave de política internacional, los socios han forzado que se aborde el escándalo de la financiación. Desde ERC, Gabriel Rufián fue irónico: “La auditoría externa ya se la está haciendo la UCO”.
Las alarmas también suenan en la oposición. Alberto Núñez Feijóo exigió elecciones anticipadas: “España no merece vivir en una permanente redada de corruptos”. Mientras tanto, fuerzas como PNV y Coalición Canaria ya han comenzado a votar junto al PP en varias iniciativas clave, marcando distancias con el Gobierno.

La llamada “Operación Delorme”, centrada en contratos durante la pandemia, se ha ampliado hasta involucrar a más de 30 entidades, con registros en la sede del PSOE, en Adif y la Dirección General de Carreteras. En paralelo, el Supremo ha citado a declarar a Cerdán, Ábalos y Koldo, y no se descarta que el propio partido sea imputado como persona jurídica.
Ferraz intenta frenar la hemorragia. Se han reforzado los protocolos internos, se valora una auditoría externa y se intenta transmitir un mensaje de calma. “Sánchez no sabía nada”, repiten en su entorno.
Pero dentro del partido, incluso voces fieles al presidente empiezan a admitir que “por acción u omisión, hay responsabilidad”.
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