La UCO investiga si se usó esta sociedad como intermediaria de comisiones en colaboración con Acciona.
Una empresa sin historial en obras públicas, Servinabar 2000 SL, supuestamente logró en tiempo récord contratos por más de 100 millones de euros en Navarra.
El caso, con ramificaciones políticas, judiciales y empresariales, salpica al exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, señalado por una escritura que lo vincula como socio de la empresa. La UCO investiga si se usó esta sociedad como intermediaria de comisiones en colaboración con Acciona.
En apenas tres años, Servinabar 2000 SL pasó de dedicarse a la gestión de eventos y cobros a adjudicarse contratos de obra pública. Por más de 100 millones de euros.
Su meteórico ascenso coincidió con una modificación en su objeto social en febrero de 2020. Que incluyó la construcción y edificación, justo antes de que obtuviera sus primeros contratos en el sector.
Uno de los elementos clave que alimenta la polémica es la presunta vinculación de Santos Cerdán, figura cercana a Pedro Sánchez.
Según la UCO, una escritura privada incautada en un registro vincula al político con un 45 % de Servinabar desde 2016. Aunque la empresa ha negado esta participación y ha anunciado acciones legales, la investigación judicial sigue su curso.
Entre las adjudicaciones más relevantes se encuentran la construcción de un colegio en Arbizu (3,18 millones), la reforma del Navarra Arena (4,58 millones), la rehabilitación del Archivo General (2,44 millones), y la construcción de 62 viviendas de protección oficial en Ripagaina, por 9,96 millones. Todas fueron obtenidas en UTE (Unión Temporal de Empresas) con Acciona.
El mayor contrato fue la duplicación del túnel de Belate, por valor de 62,8 millones. Este último está bajo especial escrutinio judicial por presuntas irregularidades en su adjudicación. La UCO investiga si la alianza con Acciona pudo usarse como vía para repartir mordidas y canalizar pagos a intermediarios.
Además, se han detectado pagos de Servinabar a entidades relacionadas con el entorno del exministro José Luis Ábalos. Uno de ellos, de 4.500 euros, fue destinado en 2018 a una ONG próxima al exministro. Lo que ha intensificado las sospechas de una posible trama de financiación opaca.
Acciona, tras la publicación del informe de la UCO, despidió a su director de Construcción para España y rescindió todos sus contratos con Servinabar. Lo que evidencia la presión empresarial derivada del caso. A pesar de ello, varios proyectos en Navarra continuaron ejecutándose con normalidad.
El Gobierno foral de María Chivite ha optado por abrir una auditoría externa y constituir una comisión parlamentaria para investigar las adjudicaciones. La presidenta socialista, que ha defendido la legalidad de todos los procedimientos, intenta capear la tormenta política que ha reactivado a la oposición.
UPN y PP han denunciado en el Parlamento foral “favoritismo y adjudicaciones a medida”, mientras que desde Moncloa se ha guardado silencio absoluto. Vox han exigido una explicación clara del papel de Cerdán y la intervención inmediata del Tribunal de Cuentas.
