La Comisión Europea ha confirmado que España utilizó 10.200 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para gasto corriente durante los cinco primeros años del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La cifra, revelada a través de los datos homogéneos publicados por Eurostat, supone el 22,5% de los 45.054 millones ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2025.
El dato coloca nuevamente bajo el foco la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente porque el espíritu original del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aprobado por Bruselas estaba centrado en impulsar inversiones estructurales, modernización económica y proyectos transformadores, no en financiar gastos ordinarios del Estado.
Bruselas confirma el derroche de Sánchez
Según las estadísticas comunitarias, casi tres de cada diez euros ejecutados por España se habrían destinado a cubrir gasto corriente, mientras solo siete se orientaron a inversiones reales. Bruselas publica por primera vez una comparativa homogénea de todos los países de la Unión Europea, dejando además a España con la séptima peor ejecución de fondos de todo el continente.
Qué significa el gasto corriente
El gasto corriente hace referencia al dinero que utiliza la Administración para sostener el funcionamiento diario de las instituciones y servicios públicos: salarios, funcionamiento administrativo, prestaciones o gastos operativos. Es decir, no genera nuevos activos ni inversiones permanentes.
Precisamente uno de los aspectos más controvertidos es que parte de esos recursos europeos acabaron financiando partidas como el pago de pensiones. En 2024, el Gobierno ya reconoció haber destinado alrededor de 2.300 millones de euros de los fondos Next Generation a cubrir pensiones debido al limitado margen presupuestario derivado de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.
En aquel momento, Moncloa defendió que se trataba de una medida “puntual y excepcional”. Sin embargo, los nuevos datos de Eurostat reflejan que el uso de fondos europeos para gasto corriente no fue un episodio aislado, sino una práctica mantenida durante varios ejercicios consecutivos.
Una ejecución lenta y cuestionada
Los registros europeos detallan que España destinó 519 millones a gasto corriente en 2021, 1.767 millones en 2022, 2.777 millones en 2023, 2.900 millones en 2024 y 2.257 millones en 2025.
Además del debate sobre el destino de los fondos, Bruselas también deja en evidencia la lentitud en la ejecución española. A falta de apenas ocho meses para el cierre definitivo del plan, España todavía tendría pendientes de gastar cerca de 57.000 millones de euros.
La situación ha generado preocupación tanto en instituciones comunitarias como entre sectores económicos y empresariales que esperaban una mayor agilidad para impulsar inversiones estratégicas, digitalización, infraestructuras y competitividad.
Crecen las críticas a la gestión del Gobierno
La oposición y distintos analistas económicos consideran que estas cifras desmontan parte del relato del Ejecutivo sobre el supuesto éxito de los fondos europeos. Las críticas apuntan a que el Gobierno habría utilizado recursos extraordinarios concebidos para transformar la economía como herramienta para aliviar tensiones presupuestarias y sostener gasto ordinario.
El debate llega además en un contexto especialmente delicado para el PSOE, marcado por investigaciones judiciales, desgaste político y crecientes dudas sobre la transparencia en la gestión pública.
