JUCIL expresa su máxima preocupación ante las informaciones conocidas en los últimos días sobre posibles presiones o intentos de interferencia en la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y exigirá que se depuren todas las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.
Asimismo, la asociación promoverá su personación como acusación popular en las actuaciones judiciales que se desarrollen, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de la verdad y defender el prestigio de la UCO y del conjunto de la Guardia Civil, institución a la que representa y de la que forma parte.
Para JUCIL, resulta imprescindible aclarar todas las circunstancias que rodean este asunto dada la gravedad de las informaciones conocidas. “Deben adoptarse de manera inmediata todas las medidas necesarias que correspondan”, subrayan desde la asociación.
JUCIL recuerda que, en un Estado de Derecho, la independencia de la Policía Judicial constituye una garantía fundamental para todos los ciudadanos. En este sentido, advierte de que cualquier actuación que pueda interpretarse como una injerencia, presión o intento de condicionar investigaciones judiciales debe analizarse con el máximo rigor.
“La UCO no pertenece a ningún gobierno ni a ningún partido político. Sus agentes sirven exclusivamente a la ley y a los jueces. Cualquier intento de señalar, desacreditar o condicionar a los investigadores supone un ataque directo a la independencia de la Guardia Civil”, afirma Ángel Lezcano, secretario general de JUCIL.
La asociación pone además en valor el trabajo que viene desarrollando la UCO, una unidad de referencia en investigaciones complejas, lucha contra la corrupción y delincuencia organizada. “Están demostrando que la Guardia Civil cuenta con profesionales plenamente capacitados para llevar a cabo investigaciones con absoluto respeto a la legalidad, incluso en escenarios especialmente sensibles como el actual”.
En este sentido, JUCIL insiste en que “los agentes de la UCO deben desarrollar su labor con plena autonomía profesional, bajo la dirección de jueces y fiscales y con estricto sometimiento a la ley, sin que ningún elemento externo pueda interferir en su función investigadora”.
La asociación destaca igualmente que la fortaleza de la Guardia Civil reside en la profesionalidad, neutralidad y vocación de servicio público de sus integrantes. “Los guardias civiles han demostrado siempre su compromiso con el Estado de Derecho, con independencia de la sensibilidad de las investigaciones o de las personas afectadas por ellas”.
Por todo ello, JUCIL considera urgente la adopción de decisiones que eviten cualquier deterioro de la imagen y prestigio de una institución integrada por miles de profesionales que garantizan cada día la seguridad de los ciudadanos.
Finalmente, la asociación recuerda que esta situación se produce en un contexto en el que los guardias civiles continúan reclamando mejoras profesionales, laborales y retributivas pendientes desde hace años, entre ellas el reconocimiento efectivo de la profesión de riesgo y una equiparación salarial real y completa con otros cuerpos policiales que desempeñan funciones equivalentes.
