La UCO investiga presuntos pagos ocultos para una “campaña oscura” del PSC en las elecciones catalanas de 2024

La investigación que instruye la Audiencia Nacional sobre una presunta trama vinculada al entorno del PSOE ha abierto un nuevo frente político al situar bajo escrutinio la campaña electoral que permitió al PSC recuperar la primera posición en Cataluña y facilitó la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. Según publica El Economista, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza una serie de movimientos económicos que podrían estar relacionados con una supuesta “campaña oscura” desarrollada durante las elecciones autonómicas de mayo de 2024.

La actuación judicial se produce en un contexto especialmente sensible para el PSOE, marcado por diversas investigaciones que afectan a personas vinculadas al partido y que han intensificado la presión política sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. En este escenario, la Audiencia Nacional ha solicitado al PSOE toda la documentación económica relativa a la campaña catalana, incluyendo contratos, facturas, gastos publicitarios y documentación contable presentada ante los organismos fiscalizadores.

El objetivo de los investigadores es determinar si existió una estrategia paralela destinada a influir en la opinión pública mediante acciones que no habrían sido reflejadas de forma transparente en la contabilidad electoral. Según la información publicada, la hipótesis de trabajo contempla la posibilidad de que determinados recursos económicos se utilizaran para promover contenidos favorables al PSC o para desmovilizar a electorados rivales durante la campaña.

Por el momento, los investigadores tratan de verificar si dichas actuaciones existieron realmente y cuál fue su alcance. La documentación requerida pretende aclarar si determinados pagos y operaciones económicas guardan relación con esa supuesta estrategia o si responden a actividades ordinarias de comunicación y publicidad.

Uno de los elementos que examina la UCO es un desembolso cercano a los 20.000 euros realizado a través de la sociedad Grupo Crónica Libre. Según recoge la documentación judicial, dicho pago habría sido presentado como parte del plan de medios de la campaña electoral. Los investigadores intentan determinar cuál fue el destino final de esos fondos y si estuvieron vinculados a la difusión de contenidos de interés político.

La causa también pone el foco sobre diversa documentación intervenida a Leire Díez, exmilitante socialista e investigada en el procedimiento. Entre los documentos analizados aparecen referencias a una denominada “Operación PSOE” y a la posible creación de un medio de comunicación. Para los investigadores, estos elementos podrían aportar información relevante sobre una eventual estrategia de influencia mediática vinculada a la actividad política del partido.

Paralelamente, la investigación ha recuperado algunas observaciones realizadas en su día por la Sindicatura de Comptes de Cataluña. El organismo fiscalizador constató que la campaña electoral del PSC contó con un presupuesto cercano a los 2,9 millones de euros y detectó determinadas incidencias contables, entre ellas algunos pagos realizados fuera de la cuenta electoral habilitada para los comicios.

No obstante, aquellas observaciones no implicaban la existencia de delito alguno ni establecían relación directa con la investigación actualmente abierta por la Audiencia Nacional. Precisamente por ello, el juez busca ahora determinar si existe algún vínculo entre aquellas incidencias administrativas y las sospechas que manejan los investigadores.

Desde el PSC han trasladado su disposición a colaborar plenamente con la justicia y aseguran que ya están recopilando toda la documentación solicitada. Además, subrayan que la investigación no atribuye ninguna irregularidad concreta a la campaña electoral ni señala responsabilidades directas por parte de Salvador Illa o de la dirección socialista catalana.

Mientras tanto, la controversia ya ha saltado al terreno político. Junts per Catalunya ha solicitado explicaciones públicas al presidente de la Generalitat y reclama su comparecencia en el Parlament para aclarar las informaciones conocidas.