La UCO investiga minuciosamente un contrato de la Confederación del Júcar y el PSOE

El papel que ha jugado la Confederación del Júcar tras la catástrofe de la DANA sigue estando en el foco. Muchas han sido las críticas que se han centrado en el organismo dependiente del Ministerio que encabeza Teresa Ribera.

El pasado miércoles, este medio se hacía eco de la información publicada sobre lo ocurrido en el caso azud y que salpica a la Confederación.

La UCO de la Guardia Civil señalaba directamente en un informe que ha remitido al juez que investiga el 'caso Azud' a este organismo.

Recordemos que el 'caso Azud' se adentra en el marco de la supuesta trama de corrupción sobre la financiación ilegal del PSOE de Valencia. 

Lo más sorprendente es que el tesorero de los socialistas usó la Confederación Hidrográfica del Júcar para nutrir la contabilidad paralela del partido durante la etapa de Zapatero. Ha sido el diario El Debate quien publica el informe de los investigadores, que ponen el foco en la oficina del Gobierno. Que en la actual crisis tardó en alertar sobre las riadas que provocaron las inundaciones de varios municipios valencianos.

Sin embargo, ahora la UCO se centra en un contrato. Todo para investigar si José María Cataluña, extesorero del PSOE de la Comunidad Valenciana y cabecilla del caso Azud, pactó el cobro de comisiones ilegales. En relación con un contrato de 11,4 millones de euros.

Cifra destinada a "daños por lluvias" de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno.

Dicho contrato tenía como objeto la recuperación de zonas devastadas por las lluvias intensas de la zona. El Debate publica hoy las anotaciones que los investigadores han hallado en la libreta de José María Cataluña.

El informe del que informa el citado medio señala que José María Cataluña, tesorero de la formación política, puso el foco en un contrato. Concretamente de la Confederación del Júcar, según narra, para poder cobrar comisiones presuntamente ilegales.

Tras el examen de miles de correos electrónicos, se localiza un grupo de mensajes entre varios directivos de una de las constructoras investigadas. Estas por el pago de mordidas donde destaca un asunto:

"Emergencias, Dirección General del Agua".

Escribe un directivo al otro: "Me dicen en el Ministerio de Medio Ambiente que existe una solicitud por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

De libramiento de fondos por un importe de 11.400.000 euros para atender daños causados al dominio público hidráulico por las lluvias ocurridas durante los días 11 al 19 de octubre".

Este contrato con ese concepto ha destapado las sospechas de la UCO. La gran duda es si pudo servir ese contrato para nutrir de fondos la contabilidad paralela del PSOE de Valencia. La misma que está investigando la juez Pepa Tadoro.

La brutal averiguación de la Guardia Civil sobre el PSOE y la Confederación del Júcar

El tesorero de los socialistas usó la Confederación Hidrográfica del Júcar para nutrir la contabilidad paralela del partido durante la etapa de Zapatero. Ha sido el diario El Debate quien publica el informe de los investigadores, que ponen el foco en la oficina del Gobierno. Que en la actual crisis tardó en alertar sobre las riadas que provocaron las inundaciones de varios municipios valencianos.

El informe del que informa el citado medio señala que José María Cataluña, tesorero de la formación política, puso el foco en un contrato. Concretamente de la Confederación del Júcar, según narra, para poder cobrar comisiones ilegales.

En concreto, los investigadores han intervenido anotaciones en la agenda de Cataluña. Esas indican que se trata de la constructora Lubasa, que recibió un contrato de 29 millones de euros por parte de Acuamed.

Coincide que esta depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que en la actualidad todavía dirige Teresa Ribera. Se trata de un contrato que se adjudicó el 27 de abril de 2007 y los agentes sostienen que las supuestas mordidas fueron pactadas.

Señalan que fue días antes de que se diera luz verde al encargo. Concretamente, "en la fecha límite para la presentación de ofertas".

Cuando se produjeron los hechos, la responsable de este organismo era la actual presidente del PSOE, Cristina Narbona. Titular de Medio Ambiente durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.