La brutal averiguación de la Guardia Civil sobre el PSOE y la Confederación del Júcar

La DANA de Valencia continúa dejando una red de responsabilidades que nadie asume. La UCO de la Guardia Civil asegura en un informe una descomunal novedad. Se trata concretamente de uno de los informes que ha remitido al juez que investiga el 'caso Azud'.

Recordemos que esta investigación se adentra en el marco de la supuesta trama de corrupción sobre la financiación ilegal del PSOE de Valencia. 

Lo más sorprendente es que el tesorero de los socialistas usó la Confederación Hidrográfica del Júcar para nutrir la contabilidad paralela del partido durante la etapa de Zapatero. Ha sido el diario El Debate quien publica el informe de los investigadores, que ponen el foco en la oficina del Gobierno. Que en la actual crisis tardó en alertar sobre las riadas que provocaron las inundaciones de varios municipios valencianos.

El informe del que informa el citado medio señala que José María Cataluña, tesorero de la formación política, puso el foco en un contrato. Concretamente de la Confederación del Júcar, según narra, para poder cobrar comisiones ilegales.

En concreto, los investigadores han intervenido anotaciones en la agenda de Cataluña. Esas indican que se trata de la constructora Lubasa, que recibió un contrato de 29 millones de euros por parte de Acuamed.

Coincide que esta depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que en la actualidad todavía dirige Teresa Ribera. Se trata de un contrato que se adjudicó el 27 de abril de 2007 y los agentes sostienen que las supuestas mordidas fueron pactadas.

Señalan que fue días antes de que se diera luz verde al encargo. Concretamente, "en la fecha límite para la presentación de ofertas".

Cuando se produjeron los hechos, la responsable de este organismo era la actual presidente del PSOE, Cristina Narbona. Titular de Medio Ambiente durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

En las anotaciones mostradas entre las pertenencias personales del tesorero Cataluña son claves. Todo para acreditar que cargos socialistas valencianos pactaban con empresas el pago de mordidas a cambio de contratos públicos.

También el uso de instituciones públicas como la Confederación del Júcar para poder adjudicar estos encargos. Los mismos que posteriormente servían para nutrir la contabilidad paralela que tuvo durante aquellos años.

El organismo en el ojo del huracán

La DANA que destrozó varios municipios de la Comunidad Valenciana ha puesto a las autoridades en el ojo del huracán. La Confederación Hidrográfica del Júcar, señalada por la Generalitat Valenciana por no prever adecuadamente el desbordamiento de los ríos que resultaron en la devastadora inundación de Valencia, cuenta con respaldo legal.

Solo 19 días antes de la DANA, la entidad contrató un  seguro de responsabilidad para procedimientos penales por  "negligencia, acción u omisión" profesional que cause daños. Este seguro protege a los 212 empleados del organismo, incluido su presidente, Miguel Polo Cebellán, quien ya ha sido denunciado.

El contrato se formalizó el pasado 10 de octubre, con la firma del presidente de la Confederación y del representante de la empresa aseguradora.

De acuerdo con las informaciones publicadas por OkDiario, este contrato, que tiene un costo de 49.500 euros, tiene como objetivo brindar cobertura de responsabilidad civil a los trabajadores. Es decir, cubre por actuaciones profesionales realizadas por el personal al servicio de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el desempeño de sus funciones.

La cobertura se aplica en caso de que se declare responsabilidad en  una sentencia firme en vía penal, siempre y cuando no se demuestre dolo, culpa o negligencia graves. No obstante, sí cubre casos de "negligencia o culpa leve".