Sin duda una de las noticias del día, y TVE ha decidido ocultarla. La Agencia Tributaria haya solicitado a la Tesorería del Estado que reembolse 552.000 euros a Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes de la Puerta del Sol, la Fiscalía podría anular el juicio si se llega a un acuerdo propuesto por González, que implicaría el pago de 340.000 euros.
Como era de esperar, las reacciones a este ocultismo por parte de la cadena pública no han tardado en llegar. Han sido muchos los que se han dado cuenta de este silencio atronador, mientras que el resto de telediarios han abierto con esta noticia.
De hechos algunos usuarios han acudido a las redes sociales como Twitter para criticar esa decisión de TVE.
Si la Fiscalía decide anular el juicio si se llega a un acuerdo propuesto por González, implicaría el pago de 340.000 euros. Con estas cifras en mente, el resultado de lo que algunos consideran una "cacería política" contra este individuo sería un saldo positivo de más de 200.000 euros. Desde la Comunidad de Madrid, están convencidos de que si la Fiscalía rechaza el acuerdo, sería por motivos políticos, no técnicos. Esto surge después de que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, asumiera la responsabilidad de la filtración de datos personales de la pareja de Díaz Ayuso en un comunicado esta semana.
Además, la sociedad que la AEAT consideró como "pantalla/interpuesta" ahora se reconoce que no lo era. En resumen, hay pruebas cada vez más evidentes de que hemos sido testigos de una cacería política, y la presidenta nunca mintió, según argumentan desde el entorno de Díaz Ayuso.
La presidenta de Madrid expresó su pesar este martes al afirmar que "este es un país de impunidad". Esto ocurrió después de que el Fiscal General del Estado admitiera ser responsable de la filtración de datos personales de la pareja de la presidenta, sin que se tomaran medidas. Díaz Ayuso recordó las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien había reconocido que la Fiscalía General del Estado estaba bajo la dependencia del Gobierno de España. En resumen, la presidenta zanjó la situación con un simple "pues eso".
