El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado la suspensión cautelar de los sondeos iniciados en el Valle de los Caídos tras apreciar indicios de que los trabajos podrían haberse realizado sin las autorizaciones necesarias. La decisión responde a un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH), que denunció las perforaciones llevadas a cabo en el conjunto monumental de Cuelgamuros.
En el auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo destaca que el Valle de los Caídos cuenta con la máxima protección patrimonial al estar catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Según el tribunal, no consta que se haya presentado ante el Ayuntamiento la correspondiente solicitud de licencia o actuación comunicada, acompañada del preceptivo proyecto técnico firmado por un arquitecto.
Asimismo, el TSJM señala que tampoco dispone de información que acredite la existencia de una resolución administrativa, ya sea de la Comunidad de Madrid o del Ministerio de Vivienda, autorizando expresamente la ejecución de estos trabajos. Por ello, ha ordenado la adopción de medidas cautelares y el cese de las perforaciones mientras se resuelve el fondo del asunto.
Riesgo para un espacio protegido
La asociación recurrente había alertado de que las catas podían provocar daños irreparables en un monumento protegido, afectando a elementos estructurales y patrimoniales de la basílica y su entorno. En este sentido, el tribunal considera necesario evitar actuaciones que no cuenten, presuntamente, con las autorizaciones sectoriales pertinentes y controlar el alcance y modo de ejecución de los trabajos.
El auto también concede al Abogado del Estado un plazo de tres días para presentar alegaciones sobre el mantenimiento, modificación o levantamiento de la medida cautelar.
Los trabajos comenzaron el pasado 8 de junio y quedaron paralizados días después, cuando la máquina perforadora apareció vandalizada e inutilizada. Aunque todavía se desconoce la autoría de esos hechos, el TSJM considera prioritario preservar la integridad del conjunto monumental mientras se esclarece si las actuaciones se ajustaban a la legalidad urbanística y patrimonial vigente.
