La posibilidad de eliminar por ley el copago para las personas con ELA y otros beneficiarios con dependencia extrema no llegó siquiera a votarse en el Congreso. El Gobierno ejerció su facultad de veto presupuestario sobre varias enmiendas incorporadas previamente por el Senado a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia.
En el caso del copago, la propuesta pretendía que quienes tuvieran reconocido el denominado grado III+ quedaran exentos de realizar aportaciones económicas por las prestaciones recibidas. El Ejecutivo justificó su negativa en el impacto que tendría sobre las cuentas públicas: 66,4 millones de euros anuales, de los cuales aproximadamente 33,2 millones corresponderían a la Administración General del Estado.
Al comunicar su veto, el Gobierno argumentó que estas modificaciones suponían un aumento de créditos o una reducción de ingresos que no estaban contemplados en el presupuesto vigente. El conjunto de las enmiendas presupuestarias rechazadas superaba, según los cálculos trasladados por el propio Ejecutivo, los 772 millones de euros.
La decisión ha provocado el rechazo de las organizaciones vinculadas a los pacientes de ELA. Pepe Jiménez, presidente de ConELA, defendió que los cuidados que requieren los enfermos en las fases más avanzadas son imprescindibles para su supervivencia y cuestionó que tengan que estar sujetos a una aportación económica. La organización mantiene su reivindicación de que la supresión del copago quede fijada en una norma estatal y no dependa de las decisiones adoptadas por cada comunidad autónoma.
El modelo actual provoca diferencias territoriales. Aunque varias autonomías han avanzado en la retirada de estas aportaciones, todavía existen distintos grados de aplicación. Cataluña, por ejemplo, mantiene un copago del 5% para determinados beneficiarios con ingresos superiores a 57.000 euros anuales.
El modelo actual provoca diferencias territoriales
El veto presupuestario afectó también a otras modificaciones aprobadas durante la tramitación. Entre ellas figuraba la aplicación del IVA superreducido del 4% a determinados servicios relacionados con sillas de ruedas, adaptación de vehículos y actuaciones de accesibilidad. Hacienda estimó que esa modificación reduciría la recaudación en unos 321 millones de euros.
También quedaron fuera otras propuestas relativas a la atención de personas dependientes y a determinados beneficios fiscales. El texto principal de la reforma sí salió adelante en el Congreso e introdujo cambios en el sistema de dependencia, entre ellos nuevas modalidades de atención domiciliaria, una mayor compatibilidad entre prestaciones y servicios y medidas de simplificación administrativa.
