Las cuentas de Begoña Gómez se incorporarán a la causa judicial antes de que se celebre su juicio. El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado a la Agencia Tributaria que entregue las cinco últimas declaraciones del IRPF de la esposa de Pedro Sánchez para determinar su "capacidad económica" ante las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de una condena.
La diligencia figura en el auto con el que el magistrado ha acordado la apertura de juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. El procedimiento será remitido a la Audiencia Provincial de Madrid para continuar su tramitación ante un jurado popular.
Peinado justifica la petición de información fiscal por la necesidad de disponer de datos sobre la situación económica de la acusada. En concreto, la averiguación está relacionada con la multa proporcional solicitada por la acusación por el presunto delito de tráfico de influencias, cuya eventual cuantía debe tener en cuenta la capacidad económica de la persona condenada.
Para ello, el juzgado recurrirá al Punto Neutro Judicial y ha ordenado que Hacienda remita las cinco últimas declaraciones de la renta de Gómez. Esa documentación quedará incorporada a la pieza relativa a las posibles responsabilidades económicas del procedimiento.
Esa documentación quedará incorporada a la pieza relativa a las posibles responsabilidades económicas del procedimiento
La decisión no equivale, sin embargo, a la imposición de una sanción. Gómez todavía debe ser juzgada y la Fiscalía y su defensa solicitan su absolución, mientras que la acusación popular mantiene una posición distinta y reclama penas de prisión y multa.
De hecho, Peinado ha rechazado por el momento imponer una fianza o adoptar nuevas medidas cautelares contra la esposa del presidente. Tampoco ha aceptado la petición de bloquear participaciones societarias, dominios y otros activos vinculados a Transforma TSC.
La solicitud de las declaraciones permitirá al tribunal conocer información fiscal de Gómez de los últimos cinco ejercicios. No obstante, la resolución conocida no establece que esos documentos vayan a acreditar por sí mismos el origen de todos sus ingresos privados, sino que vincula expresamente la diligencia con la averiguación de su capacidad económica para las posibles responsabilidades pecuniarias.
Junto a Gómez también irá a juicio su asesora, Cristina Álvarez, en su caso por un presunto delito de malversación. Ambas deberán permanecer a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial y comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero mientras continúa el procedimiento.
