El Tribunal Supremo aplaza al 22 de mayo la audiencia para estudiar si paraliza la regularización de inmigrantes

El próximo día 22 tendrá lugar la vista en el Tribunal Supremo sobre la solicitud de suspensión cautelar del proceso de regularización de inmigrantes, después de que el órgano judicial decidiera aplazarla desde la fecha inicialmente prevista para mañana por “necesidades del servicio”.

En esta sesión, la Sala de lo Contencioso-Administrativo escuchará a la Comunidad de Madrid, Hazte Oír, Vox, Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. Todas estas partes piden que se paralice la medida mientras se resuelve el recurso presentado contra el decreto que la puso en marcha, al considerar que su aplicación podría generar consecuencias irreparables.

Frente a estas peticiones, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, defiende que no procede la suspensión. Argumenta que detener el proceso perjudicaría de forma importante al interés general y rechaza que la continuidad de la medida produzca efectos inmediatos e irreversibles. Además, sostiene que la regularización no supone un impacto significativo en los servicios públicos, ya que las personas afectadas ya están haciendo uso de ellos.

Los demandantes, sin embargo, mantienen una posición opuesta. En el caso de Hazte Oír, se insiste en que la puesta en marcha del proceso tiene consecuencias jurídicas inmediatas, como la obtención de permisos de residencia y trabajo, la afiliación a la Seguridad Social, el acceso a prestaciones o la paralización de órdenes de expulsión firmes.

Según el letrado de la organización, Javier María Pérez-Roldán, estas autorizaciones generan derechos consolidados y situaciones de confianza legítima, lo que implicaría que, si más adelante el Supremo anulase la norma, sería muy difícil revertir las decisiones adoptadas o incluso podrían derivarse indemnizaciones elevadas.

Por ello, los recurrentes consideran que suspender de forma cautelar el decreto es la única manera de evitar daños irreparables tanto para las finanzas públicas como para la seguridad jurídica.