La empresa Netun Solutions, responsable de la primera baliza V16 homologada en España, ha entrado en preconcurso de acreedores pese a haber recibido más de 2,2 millones de euros en ayudas públicas y avales respaldados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Todo ello después de que la Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, impusiera desde este año la obligatoriedad de este dispositivo para sustituir los tradicionales triángulos de emergencia.
La compañía atribuye su delicada situación financiera a unas ventas muy inferiores a las previstas y a una demanda que no terminó de despegar pese a la nueva normativa impulsada por la DGT. Según diversas informaciones, la empresa ya ha iniciado negociaciones con acreedores dentro del marco preconcursal para intentar reorganizar su deuda y evitar un concurso.
El caso ha generado especial polémica porque la obligación de utilizar las balizas V16 fue presentada por el Gobierno como un avance en seguridad vial, aunque desde el principio surgieron críticas por el coste añadido que suponía para millones de conductores y por el evidente negocio generado alrededor de estos dispositivos.
Millones públicos para una empresa ligada al nuevo sistema obligatorio
Desde 2022, Netun Solutions recibió distintas ayudas públicas, subvenciones y avales ICO que superan los 2,2 millones de euros. Entre ellas figuran apoyos del Kit Digital, ayudas de la Oficina Española de Patentes y Marcas y varios avales públicos vinculados a préstamos bancarios.
Gracias a ese respaldo y al impulso normativo de la DGT, la empresa multiplicó su facturación en pocos años, pasando de ingresar menos de un millón de euros en 2018 a superar los 10,6 millones en 2024. Sin embargo, ni siquiera la obligatoriedad del dispositivo ha garantizado la estabilidad financiera de la compañía.
Fuentes del sector apuntan a que muchos conductores todavía no han adquirido las balizas V16 pese a la presión normativa y a las campañas institucionales lanzadas desde Tráfico. De hecho, se estima que una gran parte de los vehículos sigue circulando únicamente con los antiguos triángulos de emergencia.
La decisión de Marlaska vuelve al centro de la polémica
La entrada en preconcurso de la empresa vuelve a colocar bajo foco la gestión del Ministerio del Interior y las decisiones impulsadas por la DGT durante los últimos años. La obligación de sustituir los triángulos tradicionales por dispositivos conectados generó numerosas críticas por beneficiar indirectamente a determinadas empresas del sector tecnológico y de seguridad vial.
Mientras millones de conductores se han visto obligados a asumir el gasto de comprar estas nuevas balizas, la empresa pionera del sistema atraviesa ahora graves problemas financieros pese al fuerte respaldo institucional recibido desde el Gobierno.
La oposición y distintas voces críticas cuestionan además el modelo impulsado por Interior, al considerar que la Administración acabó favoreciendo un mercado prácticamente cautivo alrededor de un dispositivo cuya implantación obligatoria sigue generando dudas entre parte de los usuarios.
