Las tres vías del Gobierno en nacionalidad e inmigración reavivan el debate por sus efectos en España y la UE
Las tres vías del Gobierno en nacionalidad e inmigración reavivan el debate por sus efectos en España y la UE
porMacarena Martínez Guerrero-Laverat
politica
La Ley de Nietos, las nacionalizaciones por residencia y la regularización masiva vuelven a situar al Gobierno en el centro del debate por su impacto en la ciudadanía europea
Compartir:
Las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de nacionalidad y extranjería vuelven a situarse en el centro del debate político y jurídico. A la conocida Ley de Memoria Democrática, que amplió el acceso a la nacionalidad española para descendientes de emigrantes, se suman ahora la concesión de nacionalidades por residencia y el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, tres medidas que han generado críticas y que también han llegado a los tribunales.
El debate se ha intensificado después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara ilegal el programa de "pasaportes de oro" de Malta al considerar que la ciudadanía europea no puede concederse al margen del principio de confianza entre los Estados miembros. Aunque aquella sentencia se refería a un supuesto distinto, algunos juristas consideran que refuerza la necesidad de extremar los controles cuando un Estado concede la nacionalidad, ya que esa decisión tiene efectos automáticos en toda la Unión Europea.
A esta situación se suma la decisión del Tribunal Supremo, que ha abierto un trámite para estudiar si plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Ejecutivo. El Alto Tribunal quiere analizar si esa medida puede entrar en conflicto con la normativa comunitaria y con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Las tres vías del Gobierno en nacionalidad e inmigración reavivan el debate por sus efectos en España y la UE
La regularización y las nacionalizaciones vuelven al centro del debate
Uno de los principales frentes abiertos afecta a la denominada Ley de Nietos, que ha permitido a cientos de miles de descendientes de españoles solicitar la nacionalidad. Paralelamente, el Ministerio de Justicia continúa resolviendo expedientes de nacionalidad por residencia mediante sistemas automatizados que han acelerado notablemente la tramitación de solicitudes.
Por otro lado, la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno ha recibido críticas desde distintas administraciones y organizaciones, que cuestionan tanto su encaje en la normativa europea como sus posibles efectos sobre el conjunto de los países del espacio Schengen. Precisamente, el Tribunal Supremo estudia ahora si procede consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de que continúe desarrollándose el proceso.
Mientras el Ejecutivo defiende que estas medidas responden a criterios de justicia social, seguridad jurídica y adaptación a la realidad demográfica, la oposición sostiene que pueden tener importantes consecuencias políticas, jurídicas y migratorias. El debate continúa abierto tanto en España como en las instituciones europeas, donde la gestión de la inmigración y la concesión de la ciudadanía siguen siendo algunos de los asuntos más sensibles de la agenda comunitaria.
