El tremendo error de García Ortiz que tumbó su nueva estrategia contra la UCO

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha intensificado su defensa ante el Tribunal Supremo. En un escrito reciente,  acusa a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de filtrar su dirección de correo electrónico personal.

Según él, esto provocó mensajes hostiles en su bandeja de entrada. Sin embargo, fuentes periodísticas han revelado que esa misma dirección ya era pública desde hace más de diez años.

Afirma que, tras la supuesta filtración, empezó a recibir correos insultantes y amenazantes. "Mensajes hostiles e incómodos", los describe en su defensa.

El 10 de enero de 2025, notificó al Comisario Jefe de la Brigada de Seguridad Informática de la Policía Nacional. Para entonces, ya había cerrado su cuenta de Gmail.

Lo hizo en diciembre de 2024 y enero de 2025. Sustituyó esa cuenta por otra, solo para uso personal. Argumenta que era un riesgo para su seguridad como alta autoridad del Estado.

Pero aquí radica la contradicción que ha salpicado su versión. Investigaciones independientes, como las de este medio, han confirmado que la dirección de Gmail de García Ortiz  no era un secreto.

La usaba desde hacía más de una década para asuntos laborales. Estaba vinculada a la Unión Progresista de Fiscales, un colectivo profesional. Además, aparecía en la Agenda de la Comunicación Jurídica de 2014, un documento accesible al público en bases de datos jurídicas abiertas.

Incluso la empleó en 2018 durante un evento de la Comisión Europea, se trataba de una jornada sobre seguridad y contaminación marítima. García Ortiz participó en nombre de la European Network of Prosecutors for the Environment.

El correo quedó expuesto a todos los asistentes. Este hallazgo debilita la acusación contra la UCO. La unidad policial no inventó ni filtró nada nuevo, simplemente reprodujo un dato que García Ortiz mismo había hecho público  en múltiples ocasiones.

La UCO, por su parte, ha documentado otras acciones sospechosas. El mismo 16 de octubre de 2024, día en que se abrió la causa contra él, García Ortiz borró todos sus mensajes de WhatsApp.

La unidad forense no encontró conversaciones anteriores a esa fecha en su teléfono. Atribuyen esto a un "vaciado o borrado intencionado", realizado dos veces ese día. Además, las copias de seguridad en Google Drive resultaron irrecuperables.

Todo porque eliminó la cuenta de Google asociada. "Esto complica gravemente la investigación", concluye el informe de la UCO.

Si las pruebas de la UCO prosperan, podría haber consecuencias graves para García Ortiz, nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022. Por ahora, el fiscal general mantiene su postura.

Acusa a la UCO de vulnerar su privacidad. Pero  los hechos sugieren que el velo de secreto lo levantó él mismo, mucho antes de que empezara la tormenta.

García Ortiz busca blindarse ante indicios comprometedores y la UCO, fiel a su reputación, no cede terreno. El Supremo tendrá la última palabra.