Ángel Víctor Torres presionó para adjudicar contratos millonarios a empresa vinculada a Víctor de Aldama
La investigación del caso Koldo ha puesto en la mira al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En su etapa como presidente de Canarias, Torres favoreció a empresas vinculadas a Víctor de Aldama, un empresario actualmente bajo investigación.
En el otoño de 2020, Torres presionó al Gobierno central para imponer la obligatoriedad de los test PCR a los turistas que llegaran. Gesto que justificaría un contrato millonario con la empresa Eurofins Megalab, ahora investigada por la UCO.
El 11 de noviembre de 2020, Torres y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunciaron que los turistas debían presentar un test PCR negativo para ingresar a Canarias.
En ese momento, el turismo nacional aún estaba prohibido debido al segundo estado de alarma en España, por lo que la medida tuvo un impacto directo en la industria turística.
La presión para imponer la obligatoriedad de los test vino, según la investigación, de Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos.
García había intervenido para acelerar los trámites, sugiriendo a Torres que los test serían una medida clave para asegurar la entrada de turistas.
En agosto de 2020, García ya había presentado a Torres la empresa Eurofins Megalab, de la que Víctor de Aldama era responsable.
A medida que avanzaba la negociación, Torres celebró la medida con Maroto mientras la compra de test PCR a Eurofins Megalab estaba en marcha.
La UCO ha detectado un contrato que se adjudicó en diciembre de 2020 por un valor de 5,3 millones, seguido de otro en 2021.
En este contexto, el empresario Aldama ha señalado ante el Tribunal Supremo que Koldo García le solicitó, de parte de Torres, un sobre con 50.000 euros en efectivo. Una cantidad que correspondería al pago por la gestión de los contratos de test.
La empresa Eurofins Megalab, especializada en la realización de test de Covid, se convirtió en la mejor cliente del Gobierno de Canarias.
Según la investigación, los contratos con esta firma sumaron 5,3 millones de euros, siendo Canarias la región que más dinero invirtió en PCR.
Esta cifra destaca en medio de un negocio que alcanzó los 13,5 millones de euros en total. Una cantidad que se desplomó después de que la empresa fuera vinculada a la trama.
El testimonio de Aldama ante el Tribunal Supremo ha confirmado la existencia de un sobre con 50.000 euros que Torres habría solicitado.
Sin embargo, el empresario afirmó que se negó a entregarlo, aunque la UCO ha corroborado que la solicitud se produjo justo después de la adjudicación de los contratos a Eurofins Megalab.
La UCO ha seguido rastreando los movimientos financieros de Eurofins Megalab y ha encontrado pruebas que apuntan a la implicación de Torres en la trama.
Además de los contratos en Canarias, la firma recibió adjudicaciones de otras administraciones públicas, incluyendo Transportes, Interior y Baleares.
Los investigadores han determinado que, durante el tiempo en que se gestó esta trama, Torres fue el cliente más importante de la empresa. Esto ha dejado en evidencia su posible implicación en un caso de corrupción política.
Este escándalo ha generado un gran revuelo político, con acusaciones de abuso de poder y corrupción que ahora afectan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez.
A medida que la investigación avanza, la figura de Ángel Víctor Torres se ve cada vez más comprometida en el llamado caso Koldo.
