El testigo que piden citar vio a García Ortiz 'revisar' un móvil el día del registro
Según la APIF, Ortiz y su 'dos' fueron vistos en el salón noble de la Fiscalía General del Estado
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales sostiene que tiene "constancia" de un grave hecho. Asegura que el día del registro de la UCO "la teniente fiscal del Tribunal Supremo (Ángeles Sánchez Conde) y Álvaro García Ortiz, fueron vistos. Concretamente alrededor de las 19:00 horas en el salón noble de la Fiscalía General del Estado".
Además, esta constancia añade que fueron vistos ambos "revisando un móvil aparentemente perteneciente al meritado investigado".
Así lo recoge Europa Press. De hecho, detallan que fueron vistos, concretamente, "en el espacio situado junto a una obra del navegante Juan de la Cosa".
Es por esto que La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido al Tribunal Supremo que cite como testigo a un fiscal. El mismo que asegura haber visto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "revisando" un móvil con su ‘número dos’.
El testigo al que se refieren sería el fiscal del Supremo, Salvador Viada, exportavoz de la APIF. Según consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado ayer miércoles ante el alto tribunal.
Precisamente por este motivo, solicitan que se cite a Viada como testigo "a efectos de acreditar la veracidad de este singular e insólito encuentro". El que se produjo entre García Ortiz y Sánchez Conde.
La asociación, recordemos que está representada por los abogados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad y Napoléon Cánovas.
El Supremo acorrala a García Ortiz: la información del registro puede ser clave
El Supremo ha tomado una decisión histórica y sin precedentes en España al ordenar el registro del despacho del Fiscal General Álvaro García Ortiz. En el marco de una investigación por presunta revelación de secretos.
Esta medida ha generado un intenso debate y división en el ámbito judicial, ya que representa un fuerte cuestionamiento sobre la imparcialidad y la transparencia de la Fiscalía General del Estado.
El magistrado Ángel Luis Hurtado, encargado del caso, autorizó la entrada y registro en la sede de la Fiscalía, a cargo de la UCO. Con el objetivo de recabar pruebas relacionadas con la posible filtración de correos internos. Estos supuestamente vinculados a una investigación sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Este tipo de intervención es extremadamente raro y ha sido respaldado con argumentos de idoneidad y proporcionalidad por el alto tribunal. Al considerar que la obtención de información directa en el despacho de García Ortiz era necesaria para esclarecer los hechos.
A pesar de la gravedad del caso, García Ortiz ha optado por no renunciar a su cargo. Una decisión que ha desatado una serie de críticas desde distintas esferas.
La Asociación de Fiscales, una de las agrupaciones más influyentes dentro del Ministerio Fiscal, ha pedido su dimisión en repetidas ocasiones. Argumentando que su continuidad perjudica la imagen y la confianza pública en la institución.
Cristina Dexeus, presidenta de la AF, ha calificado la situación como “demoledora” y ha enfatizado que la credibilidad de la Fiscalía. Que queda en entredicho debido a los acontecimientos recientes.
La investigación contra García Ortiz se inició a raíz de la publicación de un comunicado en marzo de 2024. En el que se divulgaban detalles de correos electrónicos entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal a cargo de su caso.
La publicación de estos datos suscitó una denuncia por presunta revelación de secretos, que ahora está en manos del Tribunal Supremo. La polémica no solo radica en la supuesta filtración. Si no también en el riesgo que el registro implica para la integridad de investigaciones sensibles y documentos confidenciales de la Fiscalía.
Una preocupación expresada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien se opuso a la intervención.
La controversia sobre la continuidad de García Ortiz en su puesto se ha intensificado debido a las acciones judiciales y al impacto que esta investigación podría tener en la independencia. Además, operatividad de la Fiscalía General.
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