El paso de la DANA dejó grandes estragos en la Comunidad Valenciana, destrozos, desaparecidos, fallecidos, y sobre todo, dejó al descubierto a la clase política que no supo manejar la situación. No hubo plan, ni antes ni después, y las responsabilidades de los altos cargos del Gobierno central empiezan a salir a la luz.
Iustitia Europa ha ampliado la denuncia contra Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por su gestión durante la DANA. Este grupo, encabezado por el abogado Luis María Pardo, también actúa como acusador popular en los casos Begoña y la Trama Koldo.
Pardo ya había presentado una denuncia inicial contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el mismo motivo.
La denuncia acusa a Teresa Ribera Rodríguez, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por:
Su presunta responsabilidad en la gestión de la emergencia causada por la (DANA) que afectó a la Comunidad Valenciana los días 29 y 30 de octubre de 2024.
Se le atribuyen presuntos delitos de prevaricación por omisión y omisión del deber de socorro. Estos, relacionados con su responsabilidad sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y las acciones u omisiones derivadas de esta relación.
Las aguas estancadas y el lodo, ahora comunes en las zonas afectadas, han elevado el riesgo de enfermedades infecciosas
La denuncia explica que "la CHJ es un organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya titular es la Sra. Teresa Ribera. Este organismo tiene la responsabilidad de la planificación y gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Júcar, incluyendo la prevención y gestión de riesgos de inundaciones"
Además de esto, aseguran que la ministra, como máxima autoridad del Ministerio, "tiene la responsabilidad última en la supervisión y coordinación de las actuaciones de la CHJ".
Según Iustitia Europa, la ministra Ribera habría incurrido en prevaricación por omisión. Esto, debido a su inacción y falta de diligencia al no adoptar las medidas de prevención y protección necesarias para los ciudadanos. Unas medidas que legalmente debería haber implementado para prevenir y luego mitigar la situación de desastre vivida en la Comunidad Valenciana.
