Susana Camarero declarará el 10 de junio en el juzgado de Catarroja por su gestión durante la dana

El juzgado de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana ha fijado para el 10 de junio la declaración testifical de Susana Camarero, vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales el día de la riada del 29 de octubre de 2024. Así se desprende de la diligencia de ordenación dictada el pasado 28 de abril.

Camarero comparece como testigo, no como investigada. El procedimiento tiene dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el exnúmero dos de la conselleria Emilio Argüeso. La citación de Camarero se acordó el pasado mes de septiembre, a petición de las acusaciones representadas por Intersindical y Ciudadanos, y hasta ahora estaba pendiente de señalamiento.

Lo que el juzgado quiere aclarar es qué situaciones de emergencia se trataron durante el tiempo en que Camarero estuvo conectada al Cecopi. Según indicó ella misma en una rueda de prensa, esa conexión fue telemática y duró 40 minutos, desde el inicio de la convocatoria a las 17 horas. A las 17.40 dejó la conexión para asistir a una entrega de premios que tenía en agenda. En ese mismo tramo horario se habló en la reunión de los problemas en la A3 y en Utiel. Lo que se sabía, lo que se decidió y lo que no se hizo en esos 40 minutos es una de las muchas preguntas que la instrucción judicial trata de responder.

Conviene no perder de vista que Camarero es una pieza más de un puzzle mucho más complejo. La tarde del 29-O había muchas personas en posiciones de responsabilidad, a distintos niveles administrativos y con distintas competencias, tomando o dejando de tomar decisiones. La instrucción lo que busca es reconstruir con precisión qué ocurrió en cada momento y quién tenía en su mano actuar.

En paralelo, el juzgado ha señalado para los días 29 de mayo y 1, 3, 4 y 8 de junio las declaraciones de cinco trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El 29 comparecerá la Comisaria de Aguas; el 1 de junio un trabajador del ente; los días 3 y 4, otros dos empleados de la CHJ; y el 8 de junio la operadora y documentalista del SAIH. Piezas técnicas de una causa que, año y medio después de la tragedia, sigue tratando de encontrar respuestas para las 230 familias que perdieron a alguien aquella tarde.