El Supremo tumba el intento de Koldo para frenar la difusión de sus audios

El Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de Koldo García para impedir la difusión de los audios intervenidos por la UCO. El exasesor de Ábalos pidió el secuestro cautelar de las grabaciones incautadas en el registro de su domicilio por la Guardia Civil.

Según información publicada en VozPopuli. El Supremo ha declarado que no tiene competencia para impedir la publicación de los audios en los medios de comunicación. Koldo había pedido evitar que se difundieran conversaciones privadas, especialmente las relativas a su hija menor de edad. Alegaba que esos audios no guardaban relación directa ni probada con el objeto penal de la investigación abierta contra él.

En su escrito, su defensa señaló que la exposición mediática ha vulnerado su derecho a la intimidad personal y familiar. También consideró que se ha puesto en riesgo la protección de una menor, que según la ley debe ser reforzada en estos casos.

El texto judicial critica la difusión de contenidos que, según la defensa, no aportan interés a la causa y afectan a terceros. Uno de los audios más controvertidos incluye una conversación que ha sido interpretada como violencia de género.

En dicha grabación, una mujer afirma que Koldo le habría agredido delante de un niño, algo que él niega categóricamente. Su defensa afirma que esos audios han sido sacados de contexto y que no está claro que se refieran a su persona. El exescolta alega que los medios han dado por hecho que era el autor de los supuestos malos tratos, sin verificarlo.

Insiste en que la grabación corresponde a una voz femenina no identificada y que no lo implica directamente como agresor. Aporta como prueba su trayectoria laboral como escolta de mujeres víctimas de violencia de género durante doce años.

Koldo trabajó desde 2001 hasta 2013 en la empresa Ombuds Compañía de Seguridad como inspector y coordinador. Durante ese tiempo se encargó de la protección de mujeres amenazadas por sus parejas o exparejas en situación de riesgo. En su defensa, está dispuesto a aportar su vida laboral y declaraciones de mujeres a las que prestó protección directa.

Según su versión, esos testimonios demostrarían que los audios que ahora se difunden no reflejan su verdadera conducta.

Denuncia que se está haciendo una imputación falsa basada en extractos descontextualizados de sus conversaciones.

Considera que el uso mediático de estos audios tiene como objetivo dañar su imagen en plena investigación judicial. El Tribunal Supremo ha resuelto que no es competente para adoptar medidas de censura previa contra los medios.